Al mismo tiempo, la administración de Daniel Ortega a través del Ministerio de Gobernación, disolvió la personalidad jurídica a un canal de televisión que dirigía el ex diputado Guillermo Osorno, quien fue candidato presidencial por el partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) en los comicios de noviembre de 2021, en el que denunció fraude electoral.

La ilegalización de la Fundación Cristiana de Televisión Enlace (Enlace Canal 21), que se da en el marco del 30 aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, fue aprobada por la titular de Gobernación, María Amelia Coronel, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta, de Nicaragua.

Según esa cartera, Enlace Canal 21, de perfil cristiano religioso y que operaba desde el 29 de octubre de 2008, fue ilegalizada por "incumplimiento".

"No reportaron estados financieros del período 2021 al 2022", sostuvo la Gobernación.

Osorno, que fue diputado nacional y ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), había denunciado en noviembre de 2021, tras las elecciones generales de ese año, que las autoridades le habían cancelado la licencia a ese canal de televisión y a una radioemisora de su propiedad.

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El canal 21 de televisión y Radio Nexo fueron cancelados el 9 de noviembre de 2021, el mismo día en que el partido CCN denunció un presunto fraude electoral a favor de los gobernantes sandinistas, que se adulteró la cifra de votantes, que la participación fue de un 25 %, y que ganó el "no voto".

La decisión de no seguir operando desde entonces, según los medios afectados, la había enviado el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, que oficialmente nunca se refirió al mismo.

A pesar del comunicado de los medios afectados, tanto el canal de televisión como la emisora radial siguieron transmitiendo su programación normalmente hasta ahora.

El ex diputado Osorno fue aliado de los sandinistas en las elecciones de 2011 y 2016.

El cierre de 20 organizaciones sociales

En tanto, la ministra de la Gobernación también firmó la disolución de la Fundación de Desmovilizados y Víctimas de Guerra de los 80s SMP -Servicio Militar Patriótico-, inscrita desde 2006.

Según el Ministerio, esa fundación de ex combatientes sandinistas fue ilegalizada por "incumplimiento", debido a que "no reportaron estados financieros del período 2010 al 2022", y su junta directiva estaba vencida desde mayo de 2013.

Con el cierre de esas 20 ONG, suman al menos 3.400 las organizaciones de este tipo disueltastras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.

Gobernación argumentó que cerró de forma unilateral 12 ONG "por estar en abandono y tener entre 1 a 12 años de incumplimientos de sus obligaciones conforme a las leyes que los regulan", y el resto por "disolución voluntaria".

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Entre las ONG ilegalizadas se encuentran la Asociación Grupo de Auto Ayuda de Occidente que Conviven con el VIH; Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria de Nicaragua; Asociación para el Corredor Seco de Nicaragua; Fundación para el Desarrollo de la Microempresa; Asociación Amigos del Teatro Municipal José de la Cruz Mena; Asociación Instituto Cultural Rubén Darío, entre otras.

Decomisarán bienes

Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio de Gobernación explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría con el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto a los que solicitaron la disolución voluntaria.

Diputados sandinistas como Filiberto Rodríguez dijeron que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las manifestaciones que estallaron en 2018.

Los sandinistas también argumentan que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7.227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.

La rebelión de 2018

Miles de nicaragüenses salieron a las calles en abril de 2018 a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza. Las protestas dejaron centenares de muertos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde entonces, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

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