En los 20 años que Jorge Beltrán Luna lleva ejerciendo como periodista en El Salvador, gobernado por Nayib Bukele, no había visto una “actitud de confrontación hacia la prensa tan marcada como ahora”.

El pasado 7 de julio, mientras cubría el hallazgo de un cadáver, fue abofeteado por un subinspector de la policía que buscaba impedirle que documentara el hecho.

“He sido agredido no solo por policías, sino también por funcionarios, y eso lo he visto más que todo en este Gobierno. Funcionarios de alto nivel del Ejecutivo y del Legislativo me han agredido en redes sociales, han descalificado mi trabajo, y por supuesto, eso influye en que personal de la Policía y eventualmente de la Fuerza Armada se sientan envalentonados para agredir también”, explicó Beltrán Luna en una entrevista con la Voz de América.

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En varias ocasiones, expone el periodista, ha sido calificado como “pluma pagada”, “fichero de quinta”, entre otros epítetos, por funcionarios del gobierno. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) tiene registro de estas agresiones hechas por un legislador, un ministro, el director de la institución portuaria CEPA, entre otros.

“Si mi trabajo o el trabajo de otros colegas no estuviese fundamentado, para eso están las instancias correspondientes, para actuar en contra de los periodistas que cometan un delito, como lo reza el artículo 6 de la Constitución. Sin embargo, hasta el momento no lo han hecho. Simplemente recurren a la descalificación y a la denigración”, agregó.

Pocas esperanzas

Serafín Valencia, relator de libre expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) informó la semana pasada que un periodista salvadoreño tuvo que huir del país a causa de amenazas de agentes del Estado.

Aunque por seguridad no brindó más detalles, señaló que se negó a revelar su fuente cuando una instancia gubernamental se lo exigió y fue amenazado con acciones legales.

El periodista César Fagoaga, presidente de la APES, explicó a la VOA que en su país se vive "un contexto bastante adverso” para ejercer el periodismo por varias razones.

Desde la llegada del presidente Nayib Bukele “hemos visto que ha habido un bloqueo sistemático al trabajo de la prensa. No dan entrevistas funcionarios públicos, por ejemplo, a ciertos medios de comunicación o a periodistas, sólo asisten a algunos canales de algunos medios o a los medios de propaganda de la misma administración”.

Explica además que ocurren bloqueos desde las cuentas de redes sociales de los funcionarios hacia periodistas o hacia ciudadanos en general.

Argumenta que, incluso, el Instituto Acceso a la Información Pública, garante de entrega de información pública a los ciudadanos, está controlado por el oficialismo. Hechos de este tipo, advierte, están suponiendo un retroceso para ejercer el periodismo.

Según Fagoaga, de 10 solicitudes para obtener información pública, ocho son negadas.

A estos desafíos se suma “una constante narrativa alimentada por la Presidencia, que es para hacer ver que los periodistas somos enemigos y que nosotros somos enemigos del proyecto este casi divino que lidera el señor Bukele”, dijo.

“Este discurso de odio, de decir que somos panfletos, que somos vendidos, que estamos en contra del proyecto, ha hecho que diversas instituciones se comiencen a contaminar por eso, y hemos tenido casos donde incluso ha habido policía que ha agredido a periodistas, agredido físicamente a periodistas, o los han retenido ilegalmente mientras hacen su trabajo”, agregó César.

Según APES, en lo que va de este año, el Centro de Monitoreo ha registrado más de 216 agresiones contra periodistas en El Salvador, incluidas vulneraciones, restricciones y bloqueos.

“Esta cifra es casi el doble de lo que registramos todo el año pasado. Y todavía falta unos días del año. Y eso de alguna forma ejemplifica la situación”, dice el presidente de la asociación. “El grupo agresor más grande es la Policía Nacional Civil”, agrega.

Fagoaga lamenta que la presidencia está recibiendo asesoría jurídica por parte de Javier Argueta para adelantar reformas que impliquen que los periodistas revelen las fuentes, lo que significa “atentar contra el corazón del periodismo”.

Afirma además que las denuncias sobre los malos gastos públicos durante la pandemia y las negociaciones con pandilleros ha generado problemas a los comunicadores.

“El panorama está cada vez más negro y no vemos ahora mismo nosotros algo que nos haga pensar que eso vaya a cambiar el año que viene. Al contrario, nosotros los periodistas acá, lo que decimos es que vamos a seguir investigando, es lo que nos corresponde… pero continúa habiendo persecución de parte de la administración pública, y eso es terrible, tener como la certeza de que ocurrirá”, señaló.

“Lo siguiente es mordaza y represión”, agregó.

Por otro lado, dice el vocero de la APES, hay un componente de violencia sexual, misoginia, por el que la mujeres periodistas se han visto vulneradas, atacadas y amenazadas. Además de una constante impunidad y censura.

“No hay garantías jurídicas. Es decir, cuando ellos controlan la Sala de lo Constitucional, controlan el máximo Tribunal de Justicia del país. Hay muy pocas garantías y eso hace que sea más complicado y que muchos colegas se lo piensen, y eso es bien terrible para el ejercicio periodístico, que lleguemos a esta cuestión de autocensurarnos”, dice Fagoaga.

Fagaoga explica que el espejo más cercano para El Salvador es Nicaragua. “El retroceso democrático que ha tenido El Salvador es muy similar al que ocurrió en Nicaragua, la gran diferencia es que en Nicaragua tomó eso 10 años y aquí está tomando poco más de dos”.

Y, por otro lado, reconocen “la valentía y el talento de los colegas nicaragüenses”, quienes, pese a la circunstancias, siguen haciendo su trabajo de “alta calidad”.

Otras denuncias

Una investigación de Human Rights Watch (HRW) señaló que las autoridades de El Salvador identificaron el bloqueo de 91 cuentas, la mayoría de Twitter, de periodistas y críticos al gobierno.

El Comité para la Protección de los Periodistas, por su parte, denunció al Gobierno de Bukele por bloqueos y retórica de odio contra los medios y periodistas, y la propuesta de Ley de Registro de Agentes Extranjeros, que podría afectar a periodistas y medios que reciben dinero desde el exterior.

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