La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el domingo (02.05.2021) que instalará en El Salvador una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada para "monitorear y atender la grave situación que afecta la institucionalidad y los derechos humanos en el país", ante la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general, Raúl Melara.

El nuevo Congreso Nacional de El Salvador tomó posesión el sábado 01 de mayo y una de sus primeras designaciones fue el cambio de magistrados de la Sala de lo Constitucional para, según expertos en derecho constitucional, imponer a otros afines al presidente Nayib Bukele, quien mantenía discrepancias con los ahora exmagistrados.

En ese sentido, la CIDH manifestó a través de su cuenta de Twitter que rechaza la decisión del Congreso Nacional de destituir al pleno de magistrados titulares y suplentes de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general.

"La CIDH rechaza la decisión de @AsambleaSV (Congreso Nacional), el 1 de mayo, de destituir al pleno de magistrados titulares y suplentes de la @SalaCnalSV (Corte Suprema de Justicia) y al Fiscal General sin debido proceso ni causas específicas constitucionales, lo que pone en riesgo el Estado de derecho", escribieron en un primer tuit.

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Asimismo, apuntaron que, "la CIDH insta al Estado de El Salvador a respetar la sentencia de la @SalaCnalSV que declaró inconstitucional la resolución de la @AsambleaSV y garantizar la separación de poderes y el orden democrático".

Además, agregaron que "la CIDH decide instalar la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (Sacro), en El Salvador para monitorear y atender esta grave situación que afecta la institucionalidad y los derechos humanos en el país".

Nuevas Ideas lidera el Congreso

El partido Nuevas Ideas, afín a Bukele, logró con 64 votos de sus aliados del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC) expulsar a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional por considerar que se opusieron a las decisiones del presidente Bukele durante la pandemia del covid-19.

Según el oficialismo, sus resoluciones pusieron en grave peligro la vida de los salvadoreños ante la ola de contagios y la arrogancia de los magistrados de aprobar leyes en beneficio de los ciudadanos.

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