La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por los sandinistas, aprobó este miércoles en Managua la creación de un Consejo Presidencial que tendrá como fin combatir al narcotráfico, al crimen organizado y otros delitos conexos.

Ese Consejo Presidencial estará integrado por diez ministros y directores de instituciones públicas, de los cuales siete de ellos, según la prensa local, han sido sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, entre otros países, por violar los derechos humanos de los nicaragüenses, socavar la democracia de Nicaragua y por presunción de corrupción.

La nueva Ley de Creación del Consejo Presidencial de Coordinación, Cooperación e Intercambio de Información para la prevención, enfrentamiento y la judicialización de los delitos de crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, y otros delitos conexos, fue aprobada de forma unánime por los 91 diputados que integran ese poder del Estado,

Ese Consejo tendrá entre sus funciones identificar y evaluar los riesgos nacionales relacionados con delitos provenientes del crimen organizado, así como proponer políticas públicas y estrategias nacionales para que sean aprobadas por el presidente Daniel Ortega, que la coordinará.

El Consejo estará integrado por los titulares de la Unidad de Análisis Financiero, Poder Judicial, Procuraduría General de la República, Banco Central de Nicaragua, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Policía Nacional, Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, Dirección General de Ingresos y Dirección de Servicios Aduaneros.

"Con esta nueva estructura, el gobierno de Nicaragua reafirma su compromiso con la seguridad nacional y la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, enviando un mensaje claro de que el país no cederá terreno ante amenazas externas", afirmó en el pleno el diputado sandinista Edwin Castro.

Miembros del Consejo están sancionados por EE.UU. y la UE

El portal nicaragüense Confidencial observó que entre los funcionarios que integrarán ese Consejo se encuentra el mayor general en retiro Denis Membreño Rivas, director de la Unidad de Análisis Financiero, y quien fue incluido por Estados Unidos en la 'Lista Engel' de “actores corruptos y antidemocráticos”, el 19 de julio de 2023, por utilizar su cargo “para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 expresos políticos, sin ninguna base legal”.

También la titular de la Procuraduría General de la República, Wendy Morales Urbina, quien fue incluida en la 'Lista Engel' en 2023 por ser “una figura clave en la persecución injusta del régimen nicaragüense contra presos políticos y la sociedad civil en el país” y por "facilitar una campaña coordinada para suprimir la disidencia, al confiscar propiedades de los opositores políticos del Gobierno sin una base legal”.

Además, el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, sancionado por Canadá y Estados Unidos por ejecutar la Ley de Protección a Consumidores y Usuarios “que podría obligar a las instituciones financieras nicaragüenses a hacer negocios con personas designadas en Nicaragua a riesgo de facilitar transacciones sancionables”.

Asimismo, la fiscal general Ana Julia Guido, sancionada por “crear una unidad especializada que fabrica acusaciones contra personas manifestantes y que realiza procedimientos jurídicos contra ellas”.

Otros miembros de ese Consejo y sancionados son la ministra del Interior, María Amelia Coronel; el director de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz; y el titular de la Dirección General de Servicios Aduaneros, Eddy Medrano.