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Un Tribunal de Conciencia de Costa Rica acusó al gobierno de Nicaragua comandado por el sandinista Daniel Ortega, de los delitos de violencia sexual y crímenes de lesa humanidad cometidos contra jóvenes en el contexto de la crisis política que vivió el país centroamericano en el año 2018.
El tribunal costarricense recogió diversos testimonios de jóvenes que fueron secuestrados durante las protestas de ese año y que fueron víctimas de tortura mediante el abuso sexual y la violación.
Al menos 18 ciudadanos nicaragüenses (10 mujeres y 8 varones) contaron sus historias a la instancia, creada por la Organización no Gubernamental (ONG), Fundación Arias para la Paz y el Progreso, una ONG formada por el expresidente costarricense y Nobel de la Paz, Óscar Arias.
"Nosotros presenciamos cómo violaban a las chavalas. A unos los ponían de frente y les cortaban tal vez un dedo, los amputaban, les quitaban las uñas o les metían cuestiones dentro del ano. Usted podía ver a través del vidrio lo que les estaban haciendo a los chavalos", contó uno de los testigos protegidos, según detalló la cadena Deutsche Welle para Latinoamérica.
{"url":"https:\/\/twitter.com\/FundacionArias\/status\/1304453607866200065","type":"rich","providerNameSlug":"twitter","className":""} -->Vea el informe completo: Violencia sexual: Crimen de lesa humanidad en Nicaragua
El 18 de abril de 2018 estallaron múltiples protestas contra Ortega en Nicaragua, que inició con manifestaciones estudiantiles contra una reforma al seguro social y culminó con acciones de represión estatal que dejaron al menos 328 muertos, varios centenares de detenidos –que la oposición considera "presos políticos"– y más de 88 mil personas exiliadas, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Empezaron a golpearme con los puños y patadas. Me tiraron al piso y me violaron dos de los tres hombres encapuchados. Mientras unos me violaban el otro me apuntaba con el arma; yo sentía que quería morirme, ellos estuvieron como una hora mientras me abusaban", contó una de las jóvenes víctimas del abuso policíal del régimen orteguista.
Una tercera víctima recordó que, "la única mujer que no fue violada sexualmente fue porque no sabía que estaba embarazada, tuvo un aborto involuntario por los golpes que recibió y en virtud de las hemorragias no se atrevieron a violarla, pero sí la obligaron a ver cómo violaban a su compañera de celda".
Al concluir sus sesiones, el tribunal emitió su sentencia: "No hay duda que el Estado nicaragüense cometió el delito de tortura mediante el abuso sexual y la violación de mujeres y hombres bajo la custodia de las fuerzas policiales y parapoliciales del país".
Según la Fundación Arias, tras anunciarse la instalación del tribunal, activistas ligados al gobierno de Ortega iniciaron una campaña de ataques cibernéticos, amenazas e intimidación a través de las redes sociales contra esa ONG.
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