Una cárcel puede copiar los muros, las rejas y hasta las restricciones de otra, pero no necesariamente sus resultados. Costa Rica acaba de levantar una megacárcel inspirada en Nayib Bukele.
Ahora deberá demostrar si el encierro de los criminales más peligrosos puede ayudar a contener la violencia que golpea al país.
La megacárcel de Costa Rica tiene espacio para 5,100 reclusos, una inversión de 35 millones de dólares (unos 939 millones de lempiras) y un desafío que va mucho más allá de sus instalaciones: impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde prisión.
El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), que se inauguró el 14 de octubre de 2026, representa una apuesta del Gobierno de Laura Fernández por endurecer el sistema penitenciario.
Pero la prueba apenas comienza, los primeros traslados están previstos para finales de octubre y el establecimiento ya enfrenta cuestionamientos judiciales por las condiciones en las que permanecerán los internos.
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Una megacárcel para recuperar el control
Ubicada en Alajuela, cerca de San José, la nueva prisión se construyó como referencia del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), inaugurado en El Salvador durante el Gobierno de Nayib Bukele.
La instalación se divide en cinco módulos y tendrá capacidad para albergar aproximadamente al 20 % de la población penitenciaria costarricense.
El objetivo es aislar a cabecillas y miembros de organizaciones criminales que, según las autoridades, mantienen operaciones ilícitas desde los establecimientos penitenciarios.
Entre los primeros internos previstos figuran líderes criminales, sicarios, extorsionadores y personas vinculadas con ataques contra integrantes de los cuerpos de seguridad.
El régimen contempla uniformes anaranjados, limitaciones a las visitas, restricciones sobre pertenencias personales y mayores controles sobre las actividades de los reclusos.
La presidenta Laura Fernández presentó la instalación como un cambio en la política penitenciaria y aseguró que Costa Rica aspira a convertirse en un referente internacional en seguridad carcelaria.
¿Por qué Costa Rica miró hacia El Salvador?
Durante décadas, Costa Rica construyó una reputación internacional asociada con la estabilidad democrática, la ausencia de ejército y niveles de violencia relativamente bajos.
Pero el crecimiento del narcotráfico y las disputas entre organizaciones criminales han modificado ese escenario.
En 2023, el país registró 905 homicidios, la cifra más elevada de su historia. En 2024 contabilizó 876 y en 2025 reportó otros 873.
Aunque los asesinatos disminuyeron ligeramente durante los últimos dos años, los registros siguen mostrando una violencia considerable para una nación que durante mucho tiempo fue considerada una de las más seguras de Centroamérica.
Las autoridades costarricenses atribuyen alrededor del 70 % de los homicidios al narcotráfico y al crimen organizado.
La ubicación geográfica del país lo ha convertido en un punto estratégico para el tránsito, almacenamiento y posterior envío de cocaína hacia mercados internacionales.
Solo durante 2025 fueron decomisadas 46.5 toneladas de cocaína, una de las mayores cantidades registradas por las autoridades costarricenses.
En ese contexto, el Gobierno decidió apostar por una infraestructura de máxima seguridad que permita separar a los líderes criminales del resto de la población penitenciaria.
El modelo Bukele no llega a un país idéntico
El Salvador y Costa Rica comparten una región, pero enfrentan fenómenos criminales con características diferentes.
La estrategia salvadoreña se desarrolló principalmente contra las pandillas, particularmente la Mara Salvatrucha y Barrio 18, organizaciones que durante años mantuvieron control territorial mediante amenazas, extorsiones y homicidios.
Costa Rica, en cambio, enfrenta una violencia vinculada principalmente con disputas entre grupos dedicados al narcotráfico, el control de mercados locales y las rutas internacionales de drogas.
El modelo de Bukele también incluye un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, detenciones masivas y una reorganización de las políticas de seguridad.
Aunque El Salvador registra una reducción pronunciada de los homicidios, organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y abusos contra personas encarceladas.
Por eso, construir una prisión inspirada en el CECOT no equivale a reproducir toda la estrategia salvadoreña.
Costa Rica mantiene un marco constitucional y una estructura institucional diferentes, con controles judiciales que pueden limitar determinadas medidas del Poder Ejecutivo.
La verdadera prueba será determinar cuánto puede contribuir el aislamiento de cabecillas criminales a reducir la violencia fuera de los centros penitenciarios.
La megacárcel ya enfrenta su primera batalla judicial
Apenas inaugurada, la nueva instalación comenzó a enfrentar cuestionamientos sobre las condiciones en las que permanecerán los reclusos.
La Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para solicitar la suspensión de los traslados.
La organización advierte sobre posibles vulneraciones de derechos fundamentales relacionados con la salud, la privacidad y la seguridad de las personas privadas de libertad.
Entre sus preocupaciones figuran las temperaturas que podrían alcanzar las celdas, la disponibilidad de personal médico y la cantidad de funcionarios encargados de vigilar el establecimiento.
También cuestiona las condiciones para el cambio y lavado de uniformes.
El recurso se tramitó bajo el expediente 26-038494-0007-CO, de esta manera, la megacárcel de Costa Rica afronta dos pruebas simultáneas.
Una, demostrar su utilidad frente al crimen organizado y funcionar dentro de los límites establecidos por la legislación nacional.
Honduras también endurece sus controles penitenciarios
El debate que abre Costa Rica tiene repercusiones regionales, especialmente en países como Honduras, donde las autoridades también han impulsado medidas para limitar las operaciones criminales desde las cárceles.
Entre las disposiciones planteadas en el sistema penitenciario hondureño figuran mayores restricciones de circulación, vigilancia de comunicaciones y controles sobre internos vinculados con estructuras delictivas.
También contempla la actualización de expedientes para evaluar posibles reubicaciones y reforzar la coordinación con las autoridades judiciales y de investigación.
Sin embargo, estas medidas no significan que Honduras haya reproducido el modelo costarricense ni que sus resultados puedan compararse directamente.
El desafío compartido consiste en impedir que las prisiones continúen funcionando como espacios desde los cuales se organizan extorsiones, amenazas y otras actividades criminales.
La experiencia de Costa Rica permitirá observar si una infraestructura de alta contención puede contribuir a ese objetivo y cuáles son sus limitaciones.
La prueba comienza cuando entren los reclusos
La inauguración del CACCO representa un paso concreto dentro de la política de seguridad costarricense, pero todavía no permite medir resultados sobre la criminalidad.
Los primeros traslados se programan para finales de octubre, mientras las autoridades proyectan avanzar gradualmente hacia la ocupación de sus instalaciones.
A partir de entonces deberán evaluarse aspectos como la capacidad de impedir comunicaciones ilícitas, las condiciones de reclusión, el funcionamiento de los controles y la evolución de la violencia.
La nueva prisión también pondrá a prueba la coordinación entre el Gobierno, el sistema judicial y las instituciones responsables de la investigación criminal.
Costa Rica ya construyó los muros y definió las reglas de su megacárcel. Lo que todavía está por demostrarse es si ese encierro logrará debilitar a las organizaciones criminales que operan fuera de ella.
Porque el verdadero resultado del modelo Bukele en suelo costarricense no se medirá por los miles de espacios disponibles, sino por lo que ocurra con la violencia cuando las puertas de la prisión comiencen a cerrarse.
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