Un hondureño de 28 años presentó una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos por presunto uso excesivo de la fuerza durante un operativo migratorio en St. Paul, Minnesota.
El hombre asegura que los agentes lo golpearon durante su arresto y le provocaron una grave lesión en la rodilla.
Se trata de Orbin Henriquez Serrano, quien también acusa a los oficiales de discriminación racial y de detenerlo sin una orden judicial durante la denominada Operación Metro Surge.
El incidente ocurrió en enero, en una gasolinera Speedway de la avenida Snelling, pocos días después de la muerte de Renee Good a manos de agentes federales.
Según la demanda, cerca de 20 oficiales, encabezados por el entonces comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, se acercaron al hondureño para preguntarle sobre su situación migratoria.
Henriquez Serrano manifestó que no hablaría con ellos sin un abogado y regresó a su automóvil. Sin embargo, los agentes rodearon el vehículo y uno de ellos rompió la ventanilla del conductor con un martillo.
Posteriormente, lo sacaron por la puerta del pasajero y lo lanzaron al suelo. La demanda sostiene que el hondureño perdió el conocimiento durante el procedimiento y que los oficiales continuaron gritándole mientras permanecía inmóvil.
Hondureño fue deportado después de permanecer en Texas
Tras el arresto, los agentes trasladaron a Henriquez Serrano al edificio federal Whipple y posteriormente al centro de detención Camp East Montana, en Texas.
Después de permanecer una semana en ese lugar, las autoridades lo trasladaron en un avión con destino a Honduras, donde continúa residiendo.
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La demanda también señala que el hondureño sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla, que ya había requerido una cirugía en 2022. Ahora necesita otra intervención para reparar los daños.
Además, durante su detención experimentó ansiedad y problemas para dormir.
Exige más de un millón de dólares al Gobierno de EE. UU.
En abril, Henriquez presentó denuncias ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Según su abogado, Ian Bratlie, las instituciones no resolvieron sus reclamos, por lo que el hondureño acudió a los tribunales después de cumplir el período de espera obligatorio.
La demanda exige una indemnización superior al millón de dólares por las lesiones y los presuntos abusos cometidos durante el arresto.
El Departamento de Seguridad Nacional no había respondido a las solicitudes de comentarios. El Gobierno federal dispone de 60 días para contestar la demanda.
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