Maricarmen, una anciana española de 87 años con un 50 % de discapacidad, fue desahuciada del domicilio en el que llevaba viviendo los últimos 70 años ayer y, desde entonces, el debate político y las protestas multitudinarias han puesto en primer plano uno de las principales crisis que vive España: la de la vivienda.
Después del polémico desahucio de Maricarmen en un barrio del centro de Madrid, el debate político se centró en los efectos del drama de la vivienda y en si el Gobierno presentará nuevas medidas para proteger a los inquilinos en el próximo Consejo de Ministros.
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¿Qué pasó con Maricarmen?
La comisión judicial encargada del desahucio de Maricarmen sacó de su casa a la anciana de 87 años ayer, en la camilla de una ambulancia en la que fue trasladada a un hospital por su delicado estado de salud, mientras las decenas de personas concentradas tras el cordón policial situado a varios metros del portal gritaban para ofrecerle su apoyo.
Para llegar hasta ella, la Policía tuvo que desalojar uno a uno a los activistas del Sindicato de Inquilinas de Madrid, tanto delante de la entrada del edificio como en el interior.
¿Por qué desahuciaron a Maricarmen?
La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, explicó que la propiedad que compró el edificio donde se encontraba su apartamento no aceptó las propuestas para llegar a una solución o aplazar la salida de la mujer del inmueble.
Urbagestión es una empresa que compra y vende farmacias e inmuebles para todo tipo de uso, incluidos edificios de viviendas con inquilinos, en busca de una "revalorización, previo vaciado y reforma del mismo", tal y como consta en su página web.
La compañía compró el edificio donde vivía Maricarmen en 2018, pero el origen del conflicto está en un contrato de renta antigua que ya no está en vigor firmado por su padre en el año 1956 que cuando él murió, se subrogó a la madre.
Tras la muerte de ésta en 2005, el contrato pasó a Maricarmen y, según la actual legislación, esa subrogación se permitía solamente los dos años posteriores (hasta 2007) o hasta que cumpliera la edad de 25 años, salvo que tuviese una discapacidad del 65%, que no es el caso.
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No obstante, Maricarmen siguió pagando durante años el alquiler y no dejó la vivienda, pero la empresa reclamó la finalización del contrato al comprarla.
La propiedad exigía a la inquilina un alquiler mensual de 1,650 euros, una cantidad que, pese a ser inferior a los 2,650 euros por los que alquilan otros pisos del mismo edificio, resultaban inasumibles para la anciana, que tiene unos ingresos de 1,450 euros.
Maricarmen ganó en primera instancia, pero la Audiencia Provincial revocó aquella sentencia y el Tribunal Supremo terminó dando la razón a la propiedad.
El debate político
En medio de la polémica, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, calificó lo sucedido con la anciana como un "tragedia social" y prometió que el Gobierno enviará al Parlamento "de manera urgente" un nuevo real decreto de vivienda sin precisar fechas. Además pidió "responsabilidad" a los grupos parlamentarios para convalidarlo.
Sánchez criticó además con dureza al Ayuntamiento de Madrid y al Gobierno regional madrileño.
El partido de izquierdas Sumar, que forma parte de Gobierno de coalición en España, exigió a los socialistas que en el próximo Consejo de Ministros incluya la expropiación del piso de Maricarmen y el real decreto ley de vivienda
Por su parte, Podemos, también de izquierdas, calificó de "asesinato" el desahucio y el opositor Partido Popular atribuyó la crisis de vivienda que sufre España al "fracaso" de la política del Ejecutivo en ese área.
Además, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, denunció demagogia ligada al desahucio de Maricarmen, uno "de los 25,500 que se ejecutan todos los años en España" y vertió sobre Sánchez la responsabilidad del mismo.
Protestas a favor de Maricarmen
Unas diez mil personas se manifestaron ayer en Madrid, y cientos en otras ciudades de España, como Barcelona (noroeste) u Oviedo (norte) para apoyar a la anciana de 87 años.
"¡Maricarmen somos todos!" o "Ayuso dimisión" corearon los reunidos en Madrid.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, rechazó "la violencia" del dispositivo policial desplegado durante los momentos del deshaucio e hizo un llamamiento a la movilización para poner la vida por delante del lucro de "unos pocos acaparadores". EFE
