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Un menor identificado como Mario José Castellanos Pérez, de 15 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador después de publicar en redes sociales imágenes en las que aparecía haciendo señas alusivas a pandillas.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, confirmó la detención y señaló que el joven será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas, de acuerdo con la legislación vigente bajo el régimen de excepción implementado desde 2022.
“El Estado no permitirá que las estructuras terroristas vuelvan a tener presencia ni en nuestras comunidades ni en las mentes de los jóvenes”, enfatizó Villatoro, quien advirtió que los castigos serán severos, incluso para menores que muestren vínculos o simpatías con estructuras criminales.
De acuerdo con la información oficial, en el teléfono del detenido se encontraron varias fotografías donde aparecía realizando gestos y señales propias de pandillas.
Las autoridades señalaron que el caso servirá como ejemplo de las medidas de vigilancia y control que se mantienen sobre contenidos digitales que promuevan o glorifiquen la violencia.
Bukele mantiene su ofensiva contra las pandillas
Desde marzo de 2022, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha sostenido una guerra frontal contra las pandillas a través del régimen de excepción, medida que ha permitido la captura de más de 80,000 presuntos pandilleros, incluyendo miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18.
Como parte de su estrategia, el gobierno construyó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), considerado una de las prisiones más grandes y seguras del mundo, donde se recluyen miles de detenidos bajo estrictas medidas de control.
Bukele sostiene que esta política ha logrado reducir drásticamente los homicidios y la extorsión, transformando a El Salvador en uno de los países más seguros de América Latina.
No obstante, organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado abusos de derechos humanos, detenciones arbitrarias y falta de debido proceso en la aplicación del régimen, cuestionando la falta de transparencia en algunos procedimientos judiciales.
La captura del menor reaviva el debate sobre los límites entre seguridad y derechos, en un país que continúa redefiniendo su política de justicia y control social bajo un modelo de mano dura.