A partir del 26 de abril de 2026, El Salvador implementará un cambio histórico en su sistema penal al permitir la imposición de cadena perpetua a menores de entre 12 y 18 años involucrados en delitos graves como homicidio, feminicidio, violación o pertenencia a pandillas.

La medida forma parte de una reforma legal que redefine el tratamiento de los menores dentro del sistema de justicia.

Cadena perpetua a menores cambia sistema

Con esta decisión, el país deja atrás el modelo de internamiento juvenil para los delitos más graves. Al establecer que los adolescentes podrán recibir la misma pena que un adulto cuando el delito esté castigado con prisión perpetua.

No obstante, la normativa contempla una revisión obligatoria de la condena tras cumplir 25 años de cárcel, lo que abre la posibilidad de evaluar una eventual liberación.

Menores de edad de espalda
Reformas amplias en las leyes sobre delitos graves transforman de forma significativa el sistema de justicia juvenil en el país centroamericano (Foto cortesía Fiscalía General).

Antes de la reforma, los menores enfrentaban sanciones mucho menores: entre 10 y 15 años de internamiento, dependiendo de la edad y el tipo de delito, y hasta 20 años en casos vinculados a estructuras terroristas. Ahora, el nuevo marco endurece significativamente las consecuencias penales.

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Juicios y penas más estrictas

La reforma también indica que los adolescentes relacionados con el crimen organizado serán juzgados en tribunales especiales.

Además, podrán estar detenidos hasta por 24 meses mientras se desarrolla el proceso, con la opción de extender ese tiempo por un año más. Durante ese periodo, los menores permanecerán en cárceles de adultos, pero estarán separados según su edad.

Cadena perpetua a menores de edad
El país centroamericano avanza hacia un cambio legislativo sin precedentes impulsado por el gobierno de Bukele. El nuevo esquema redefine la aplicación de castigos y transforma el enfoque juvenil, abriendo polémicas sobre justicia y derechos (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

Además, se amplía la definición de organizaciones terroristas y se incrementan las penas para sus miembros y líderes, que pueden alcanzar hasta 60 años de prisión. También se endurecen sanciones para cómplices en delitos graves, con penas que pueden llegar a 25 años, aunque sin cadena perpetua para estos casos.

El cambio ha generado atención internacional por su impacto en la justicia juvenil y su enfoque más severo frente al crimen organizado.

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