Nimisha Priya, una enfermera originaria del estado de Kerala, India fue condenada a muerte en Yemen por el asesinato de un ciudadano yemení que, según ella, la maltrataba y le impedía regresar a su país.

La ejecución estaba programada para el 16 de julio de 2025, pero fue suspendida a última hora, según informó su abogado.

Aún no hay nueva fecha definida, pero la incertidumbre continúa para su familia, para el gobierno indio y para las organizaciones humanitarias que luchan por evitar su ejecución.

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Del hospital al corredor de la muerte

Nimisha llegó a Yemen en 2008 para trabajar como enfermera en un hospital privado. Años más tarde, se asoció con Talal Abdo Mahdi para abrir una clínica, ya que las leyes locales no permiten a extranjeros tener centros médicos registrados a su nombre.

La relación profesional se tornó abusiva, según ella. Mahdi la habría sometido a maltratos, amenazas y le retuvo el pasaporte, impidiéndole regresar a la India.

Desesperada por escapar, Nimisha le inyectó sedantes con la intención de dormirlo y recuperar su pasaporte. Pero la dosis fue letal.

Asustada por lo ocurrido, intentó ocultar el cuerpo: lo desmembró y lo escondió en un tanque de agua. Semanas después, las autoridades descubrieron el crimen y la detuvieron cuando intentaba cruzar la frontera.

Fue condenada en 2018 por asesinato premeditado, uso ilegal de medicamentos, ocultamiento de pruebas y desmembramiento de un cadáver. Desde entonces, ha permanecido en prisión bajo sentencia de muerte.

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India intenta salvarle la vida

En Yemen, la pena de muerte se aplica mediante fusilamiento, aunque también están autorizados métodos como la lapidación y la decapitación.

Este tipo de ejecuciones, muchas veces públicas, han sido criticadas por organizaciones como Amnistía Internacional por la falta de garantías legales y el carácter inhumano del castigo.

El principal obstáculo para detener la ejecución ha sido la falta de relaciones diplomáticas directas entre India y el gobierno de Yemen.