El caso del pastor José Ramírez, acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 13 años, secuestrarla e intentar asesinarla, ha generado una ola de indignación, no solo por la gravedad de los hechos, sino por las reacciones de algunos de sus seguidores que han salido en su defensa con argumentos que han causado conmoción.
Según la denuncia, la menor escapó de una finca ubicada en la vereda San Andrés, zona rural de Chinchiná, Colombia, donde habría estado retenida contra su voluntad. Un video difundido en redes sociales muestra a la niña corriendo desesperadamente por una vía destapada, mientras un hombre la persigue.
La adolescente, tras ser auxiliada por vecinos del sector, denunció entre lágrimas que su padrastro, el pastor José Ramírez, la mantuvo encerrada, abusó sexualmente de ella y trató de estrangularla, evidencia que fue reforzada por la soga que llevaba atada al cuello.
El testimonio provocó una fuerte reacción en la comunidad, que intentó linchar al acusado tras localizarlo. Gravemente herido, fue trasladado a un centro médico y posteriormente entregado a las autoridades. Ramírez enfrenta cargos por acceso carnal abusivo con menor de 14 años y secuestro agravado.

No se incluyó el delito de feminicidio en grado de tentativa, ya que, según el abogado defensor de la menor, no existen pruebas médicas que demuestren que la vida de la víctima estuvo en inminente peligro.
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Lo que ha intensificado la polémica es el respaldo que ha recibido el pastor por parte de algunos miembros de su congregación en Santa Rosa de Cabal, donde dirigía el Ministerio Apostólico del Reino.
¿Una posesión?
Feligreses aseguran que José Ramírez fue víctima de una 'posesión demoníaca', según citan medios colombianos, y no actuó por voluntad propia, lo que, en su opinión, justifica su liberación y tratamiento espiritual en lugar de un proceso penal.
Estas declaraciones han sido duramente cuestionadas por organizaciones defensoras de la infancia, que consideran irresponsable y peligroso recurrir a explicaciones religiosas para justificar delitos sexuales.
Denuncian que tales posturas no solo banalizan el sufrimiento de la víctima, sino que perpetúan patrones de impunidad y violencia contra menores.
El proceso judicial continúa, mientras la sociedad civil exige justicia y una actuación firme por parte de las autoridades frente a un caso que ha estremecido profundamente a la región.
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