El Gobierno de Guatemala decretó un estado de sitio por 30 días, una medida excepcional que modifica la vida diaria de la población.

Según el documento oficial, la decisión busca enfrentar acciones coordinadas de maras y pandillas contra autoridades y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El fundamento principal radica en los recientes ataques armados dirigidos contra funcionarios, provocados, según la declaratoria, por la negativa del Estado a ceder ante exigencias de personas privadas de libertad que actuaron fuera del marco legal.

Las autoridades argumentan que estos hechos ponen en riesgo la vida, la libertad, la seguridad y el patrimonio de la población, además de alterar el orden público.

Durante este periodo, ciertos derechos constitucionales quedan suspendidos parcialmente, incluyendo la libertad de reunión, manifestación y desplazamiento, según lo establecido en los artículos 5°, 6°, 33 y el segundo párrafo del 38 de la Constitución.

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Esto permite que las autoridades prohíban reuniones al aire libre, disuelvan manifestaciones violentas o no autorizadas y restrinjan la circulación vehicular en zonas específicas.

Asimismo, el estado de sitio faculta a las fuerzas de seguridad para detener o confinar personas sospechosas sin orden judicial, si se presume que alteran el orden o están vinculadas a los hechos que motivaron la declaratoria.

También contempla la posibilidad de que los particulares presten servicios de utilidad pública y que se empleen medios preventivos, defensivos u ofensivos para garantizar la seguridad.

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¿Qué es el estado de sitio y en qué consiste?

El estado de sitio es una de las medidas más severas de la legislación guatemalteca frente a amenazas graves que superan la capacidad de control ordinaria de las fuerzas de seguridad.

Permite al Ejecutivo restringir temporalmente derechos y libertades para restaurar la paz y prevenir daños mayores.

Solo puede aplicarse en situaciones extraordinarias como insurrección, rebelión, terrorismo, sedición, motines o presencia de grupos armados ilegales.

El decreto que lo establece debe detallar territorio, duración, derechos restringidos y remitirse al Congreso para ratificación en un plazo máximo de tres días.

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Derechos y garantías afectadas

Entre los derechos que pueden limitarse se incluyen:

  • Libertad de locomoción
  • Derecho de reunión y manifestación
  • Inviolabilidad de la correspondencia
  • Porte de armas

No obstante, derechos fundamentales como la vida, integridad personal y protección contra la tortura no pueden suspenderse bajo ninguna circunstancia.

Ejemplos recientes de estado de sitio en Guatemala

Guatemala ha aplicado esta medida en otras ocasiones ante amenazas graves:

  • Septiembre 2019: 22 municipios en Izabal tras el asesinato de tres soldados y presencia de grupos armados.
  • Agosto 2021: Municipio de Sololá por enfrentamientos violentos entre comunidades, con el objetivo de proteger a la población.