El documento titulado "Apreciación de las pandillas ante coyuntura del régimen de excepción" y fechado el 1 de septiembre de 2023, fue divulgado por InSight Crime y en el mismo se señala que la policía cree que 42,826 personas, o el 36% de los presuntamente vinculados a las pandillas, aún no han sido detenidas.

De ellos, más de 20,000 se consideran miembros activos de esos grupos delictivos, de acuerdo al informe policial.

Unos 1,230 son considerados líderes de algún tipo de mara o pandilla, y 41,673 como "colaboradores", la categoría más ambigua, es decir, el 54 % de todos los arrestos, según el documento.

En febrero de 2023, las autoridades salvadoreñas estimaron que quedaban unas 10,000 detenciones más por realizar, muy por debajo de las 43,000 personas mencionadas en el documento policial.

Estado de excepción

Desde marzo del año pasado, cuando el presidente Nayib Bukele pidió al Congreso aprobar un estado de emergencia contra el crimen, más de 72,000 presuntos miembros y colaboradores de estos grupos han sido arrestados.

De marzo 2022 a la fecha, la Asamblea Legislativa del país centroamericano ha aprobado ya 17 prórrogas a los decretos que determinan el régimen de excepción.

Aunque las medidas del Gobierno de Bukele han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos por supuestos abusos, torturas y detenciones arbitrarias contra estas personas.

Son al menos 185 muertes las ocurridas bajo la custodia del Estado, de acuerdo con los casos documentados por la asociación salvadoreña Cristosal.

Esta medida, acusa Cristosal, está basada en la represión y ha derivado en capturas masivas sin investigación previa, así como violación sistemática y continua de los derechos fundamentales de las personas detenidas y sus familias.

El estado de excepción suspende el derecho a recibir información sobre los motivos de las detenciones, así como los de no ser obligado a declarar y tener acceso inmediato a una defensa técnica, entre otros.

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