El Departamento de Educación de Estados Unidos anunció este jueves la revocación de una regla implementada durante la administración del demócrata Bill Clinton (1993-2001) que permitía a inmigrantes indocumentados acceder a fondos públicos destinados a programas de educación técnica, profesional y para adultos.

Según el Gobierno de Donald Trump, la normativa vigente desde 1997 violaba la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades de Trabajo (PRWORA), al permitir el uso de recursos federales para financiar programas educativos dirigidos a personas en situación migratoria irregular.

"Los programas de educación postsecundaria financiados por el gobierno federal deben beneficiar a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales", declaró la secretaria de Educación de Estados Unidos, Linda McMahon, en un comunicado.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, los trabajadores estadounidenses que pagan impuestos ya no financiarán la participación de inmigrantes ilegales en nuestros programas o actividades de educación técnica, profesional o para adultos", agregó.

Fondos federales tenían un uso indebido según Trump

Donald Trump, firmó en febrero de este año una orden ejecutiva dirigida a eliminar los beneficios federales que se otorgaban a los migrantes indocumentados.

El mandatario calificó esta práctica como un "uso indebido de los recursos de los contribuyentes" y argumentó que los recursos del gobierno deben destinarse a ciudadanos estadounidenses.

La orden ejecutiva exige a las agencias y los departamentos del gobierno federal identificar los beneficios financiados con fondos federales que reciben las personas que se encuentran ilegalmente en el país.

Aunque no se detalló en el momento qué programas específicos quedarían afectados, se espera que los migrantes indocumentados pierdan el acceso a ciertos beneficios a partir de la implementación de la medida.

Generalmente, los migrantes indocumentados no son elegibles para recibir prestaciones federales, excepto en situaciones de emergencia.

Sin embargo, muchas familias de migrantes se ven renuentes a inscribirse en programas a los que podrían acceder legalmente, debido al temor de que esto pueda afectar su estatus migratorio, según el Centro Nacional de Derecho de Inmigración.

Este nuevo paso del gobierno de Trump refuerza su política de endurecer las restricciones hacia los inmigrantes indocumentados, en línea con sus esfuerzos previos para limitar el acceso de esta población a recursos del gobierno.

La medida ha generado controversia y preocupaciones entre las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que advierten que puede profundizar la vulnerabilidad de estas personas.

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