Un jurado de Estados Unidos halló responsable a la bananera Chiquita Brands de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y le ordenó indemnizar a los familiares de ocho víctimas de ese grupo paramilitar, informó este lunes una oenegé cercana al proceso.

"Tras 17 años de litigio, victoria monumental de las víctimas de la violencia paramilitar en Colombia. (...) El primer grupo de víctimas y sus familias han obtenido por fin justicia", aseguró en un comunicado la organización EarthRights, que ayudó a preparar el caso.

En su decisión, el jurado convocado por un tribunal federal de Florida concedió una indemnización de 38.3 millones de dólares a los familiares de las ocho víctimas, en su mayoría sus esposos e hijos perseguidos y asesinados por las AUC.

"Nuestros clientes arriesgaron sus vidas al presentarse para pedir cuentas a Chiquita, depositando su fe en el sistema de justicia de Estados Unidos", declaró Agnieszka Fryszman, una de las abogadas que llevan el caso.

Confesión de bananera Chiquita

El gigante bananero estadounidense había confesado en 2017 ante tribunales de ese país haber financiado entre 1997 y 2004 a las AUC; organización considerada entonces como terrorista por Estados Unidos, lo que convertía su apoyo en un delito federal.

La empresa ha dicho, sin embargo, que fue víctima de una extorsión cuando pagó el dinero al grupo.

Los ocho demandantes del caso alegaron que la bananera Chiquita transfirió a las AUC casi 2 millones de dólares para asegurar la supuesta protección de sus trabajadores en el nororeste de Colombia, a pesar de saber que esa milicia estaba implicada graves abusos de derechos humanos y actos violentos.

El jurado aceptó el argumento de que el dinero entregado a los paramilitares se utilizó para cometer homicidios, secuestros, extorsiones, torturas y desapariciones forzadas.

Las AUC sembraron el terror en el país suramericano en la década de 1990 en el marco de una encarnizada guerra contra las guerrillas de izquierda, ayudadas en ocasiones por miembros de las fuerzas armadas.

Unos 20.000 combatientes de esos escuadrones se desmovilizaron entre 2003 y 2006 bajo el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Marco Simons, consejero general de EarthRights, saludó el veredicto como "un poderoso mensaje a las empresas de todo el mundo: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará impune".

Simons también alabó la valentía de las familias que se impusieron a una gran empresa estadounidense en el proceso judicial.