En un hecho sin precedentes, el Parlamento de Singapur aprobó una ley que permitirá castigar con entre 6 y 24 azotes con vara a quienes cometan estafas digitales, dependiendo de la gravedad del delito.
La medida busca frenar el auge de fraudes en línea que, según las autoridades, se han convertido en el crimen más común del país, afectando a miles de ciudadanos y provocando pérdidas millonarias.
Durante la segunda lectura de la ley, Sim Ann, ministra sénior de Estado del Interior y de Asuntos Externos, explicó que las estafas representan el 60 % de los delitos denunciados en Singapur.
¿Cuántos casos de fraude digital se han registrado en Singapur?
Entre 2020 y la primera mitad de 2025, se registraron cerca de 190,000 casos de fraude digital, con pérdidas superiores a 3,700 millones de dólares, cifra que según la ministra “supera tres veces y media el costo de construir un hospital”.
La legislación se aplicará no solo a los miembros de redes criminales, sino también a reclutadores, cómplices y mulas de dinero que faciliten sus cuentas bancarias, tarjetas SIM o credenciales del sistema nacional de identidad digital, conocido como Singpass.
“Estas cifras son asombrosas. La gravedad de las estafas justifica sanciones ejemplares para disuadir futuros delitos”, afirmó Sim Ann.
¿Es legal castigar con azote?
En Singapur, el castigo corporal con vara (conocido como caning) sigue siendo legal y se aplica a ciertos delitos graves, como violaciones, vandalismo o tráfico de drogas.
Con esta nueva ley, las autoridades buscan incluir las estafas digitales en la categoría de crímenes severos, considerando su impacto económico y psicológico en la sociedad.
El endurecimiento de las penas también contempla largas condenas de prisión y multas elevadas para los principales cabecillas de las redes de estafa digital, así como programas de cooperación con bancos y empresas tecnológicas para rastrear transacciones sospechosas.
Fraudes digitales también afectan a Honduras
Mientras Singapur responde con firmeza al auge de los delitos cibernéticos, Honduras enfrenta su propio desafío ante el aumento de estafas digitales y fraudes inmobiliarios.
La Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEPCAM) formalizó acusación contra Ángel Marín Guerrero, gerente general de bienes raíces Credicasas, por el delito de estafa agravada continuada en perjuicio de al menos cuatro personas, a quienes habría defraudado por más de dos millones de lempiras.
Según la investigación, el imputado publicaba anuncios engañosos en redes sociales, ofreciendo terrenos y casas en reconocidas residenciales de Tegucigalpa, además de prometer construcción de viviendas “llave en mano”.
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Sin embargo, una vez que las víctimas realizaban las transferencias bancarias, el acusado desaparecía o eludía sus compromisos, alegando que devolvería el dinero, lo cual nunca ocurrió.
Las víctimas interpusieron denuncias formales y el Ministerio Público reveló que el acusado enfrenta otros tres procesos judiciales por apropiarse de más de tres millones de lempiras en perjuicio de otras personas.
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