El Tribunal Supremo de Estados Unidos consideró este martes ilegal la orden ejecutiva del presidente, Donald Trump, para limitar la ciudadanía de personas nacidas en territorio estadounidense como hijos de padres indocumentados o con visados temporales, un derecho que la corte considera consagrado en la Carta Magna.
En esa línea, el tribunal determinó que se trata de un derecho protegido por la Constitución de Estados Unidos. La iniciativa impulsada por el presidente republicano pretendía impedir que los hijos de migrantes nacidos en territorio estadounidense obtuvieran la ciudadanía, aun cuando hubieran nacido en el país.
Trump solicitó frenar la ciudadanía por nacimiento
Donald Trump llevó a la Corte Suprema de Estados Unidos un intento para restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento, solicitando que se reduzcan los bloqueos judiciales que han impedido aplicar su orden ejecutiva.
La medida forma parte de la política migratoria más estricta de su administración desde su regreso a la presidencia, y los tribunales federales de Washington, Massachusetts y Maryland la bloquearon inicialmente.
La orden, firmada el 20 de enero, instruyó a las agencias federales a negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes permanentes legales.
La medida ha provocado demandas de fiscales estatales demócratas y organizaciones de derechos civiles, que argumentan que viola la 14ª Enmienda de la Constitución, la cual establece la ciudadanía para toda persona nacida en el país.
El gobierno sostuvo que esa protección no aplica a hijos de migrantes indocumentados o residentes temporales, mientras el caso avanza en medio de un debate constitucional clave sobre inmigración.
Corte Suprema analizó dicha petición
La Corte Suprema de Estados Unidos desde el pasado 1 de abril estudio la legalidad de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en el país.
Durante la audiencia, los magistrados escucharon los argumentos de la administración Trump, que defendió la eliminación de la ciudadanía automática, así como las objeciones de organizaciones de derechos humanos que representan a los afectados en una demanda colectiva.
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