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La fiscal departamental de la región boliviana de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció este miércoles que la cabeza del Ministerio Público la echó de su cargo y ordenó frenar una orden de captura contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) en una investigación por presunta trata y tráfico de personas.
El caso se encontraba en etapa preliminar y la víctima era una adolescente de 15 años de edad de una provincias en Tarija, según informó la fiscal Gutiérrez.
En declaraciones a medios locales dijo que ya se había conformado una comisión de fiscales para que comience la investigación y se ejecute la orden de captura contra el exmandatario.
Sin embargo, ante la notificación de una acción de libertad, emitida en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se otorgó la tutela y se dejó sin efecto el procedimiento y luego llegó un instructivo desde Sucre donde Juan Lanchipa ordena "dejar el caso" porque la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género y Juvenil se haría cargo de la investigación.
Según Gutiérrez, en el documento se le instruyó, además de colaborar con el caso "dejar sin efecto cualquier disposición emitida que contravenga el presente instructivo", es decir, que disuelva la comisión que ya había designado.
"Si no daba cumplimiento (al instructivo) ya me ha amenazado que se me venían procesos penales, disciplinarios, como así mismo ya han arremetido contra mí persona y se me ha aperturado procesos disciplinarios", denunció.
Obstrucción a la investigación en caso contra Evo Morales
Gutiérrez también cuestionó que Lanchipa haya impedido supuestamente el desarrollo de la investigación bajo su jurisdicción en Tarija al emitir el instructivo donde le ordena disolver la comisión de fiscales.
"(La Fiscalía General) ha venido a impedir, a deshacer esta conformación y a parar absolutamente todas las investigaciones que estábamos llevando adelante", fustigó.
Desde la capital cruceña, el exministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció que, tras la marcha de pasados días a la sede de gobierno, comenzó una "sañuda persecución" judicial contra el exmandatario en diferentes regiones del país.
Mencionó entre ellos, uno en El Alto por instigación pública delinquir, impulsado por Melania Torrico, otro por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) por daño económico al Estado tras la marcha hacia La Paz y otra de Tarija, con orden de aprehensión, por estupro y trata y tráfico de personas abierto el 26 de septiembre.
Romero calificó como los procesos penales contra Morales como "arbitrarios" por el hecho de haber protagonizado una movilización reclamando demandas económicas por la crisis de combustible y dólares.