El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un paquete de leyes que endurecen las restricciones contra los inmigrantes indocumentados en el estado.
Las nuevas disposiciones, identificadas como SB 2-C y SB 4-C, establecen medidas más severas para quienes residen en el país sin un estatus legal, incluyendo la pena de muerte para aquellos que cometan delitos graves como asesinato premeditado o violación de menores.
Con estas reformas, Florida se convierte en uno de los estados con las políticas más estrictas en materia de inmigración, alineándose con las posturas de la administración del expresidente Donald Trump, quien ha reiterado su intención de endurecer las políticas migratorias en caso de un eventual regreso a la Casa Blanca.
"Florida será el estado más fuerte en inmigración", afirma DeSantis
Al anunciar la firma de estas leyes, DeSantis destacó que el estado ahora tiene las herramientas más sólidas para enfrentar la inmigración ilegal y apoyar los esfuerzos federales en la materia.
"El proyecto que firmé hoy convierte a Florida en el estado más fuerte del país en materia de aplicación de las leyes de inmigración. Esta legislación permitirá que las fuerzas del orden estatales y locales colaboren con la administración Trump para restablecer el Estado de derecho, expulsar a los inmigrantes ilegales y proteger a nuestras comunidades", expresó el gobernador a través de su cuenta de X (antes Twitter).
Desde la Casa Blanca, el zar de la frontera, Tom Homan, reafirmó el compromiso del gobierno con el control migratorio:
"Vamos a seguir asegurando la frontera al cien por ciento. Esta administración del presidente Trump finalmente tendrá el control operativo de nuestro sur", declaró ante periodistas.
¿Qué incluyen las nuevas leyes migratorias en Florida?
Las reformas aprobadas incluyen diversas restricciones que afectan a los inmigrantes sin estatus legal en el estado. Entre los puntos más controversiales se encuentran:
Pena de muerte para inmigrantes indocumentados que hayan sido declarados culpables de delitos capitales como homicidio premeditado o abuso infantil grave. Expertos legales y defensores de derechos civiles han calificado esta disposición como inconstitucional, citando precedentes de la Corte Suprema.
Criminalización del reingreso ilegal a Florida, imponiendo penas de cárcel que van desde seis meses hasta dos años en casos de reincidencia.
Restricción de licencias de conducir e identificaciones para inmigrantes indocumentados, impidiendo que puedan solicitar estos documentos en el estado.
Eliminación de matrículas estatales para estudiantes indocumentados en universidades y centros comunitarios de Florida, dificultando el acceso a la educación superior.
Asignación de 298 millones de dólares para reforzar la supervisión migratoria, contratar más de 50 agentes especializados, comprar equipos y capacitar a las fuerzas del orden en la identificación y procesamiento de migrantes.
Controversia y oposición a la nueva ley
Las medidas han provocado un intenso debate, especialmente por la inclusión de la pena de muerte para inmigrantes sin documentos que cometan delitos graves.
Líderes demócratas, organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho constitucional han señalado que la disposición podría ser impugnada en la Corte Suprema, ya que va en contra de precedentes legales sobre la pena capital.
Por otro lado, sectores conservadores han celebrado las reformas, argumentando que son necesarias para reforzar la seguridad y el cumplimiento de la ley en el estado.
