Ni el calor húmedo ni el rugir de los camiones de construcción impidieron que cientos de voces se alzaran en los Everglades. Ambientalistas, líderes indígenas, pueblos originarios y defensores de derechos humanos se congregaron este sábado para rechazar lo que llaman una doble agresión: contra el medioambiente y contra los migrantes.

El motivo: la inminente apertura de la cárcel migratoria conocida como ‘Alligator Alcatraz’, una instalación que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, planea habilitar en un aeropuerto abandonado del oeste de Miami.

En medio de los carteles que calificaban el proyecto como una "estafa de $450 millones" y una "vergüenza nacional", se escuchaban tambores, cantos indígenas y consignas que comparaban la prisión con campos de concentración.

La cárcel, construida en tierras ancestrales del pueblo mikasuki, podría recibir a partir del martes a los primeros migrantes detenidos por el ICE, según declaraciones recientes de DeSantis a Fox and Friends.

Cárcel migratoria en tierras indígenas

El grito más fuerte lo dio Betty Osceola, lideresa mikasuki y activista ambiental. “Esto no es solo una cárcel migratoria. Es un ataque directo a nuestra tierra y a la humanidad de quienes cruzan la frontera buscando esperanza”, dijo.

Y agregó: “Rezaré por todos ellos, porque el sistema quiere que dejemos de verlos como personas”.

La prisión, que se bautizó irónicamente como ‘Alligator Alcatraz’, no solo despierta críticas por su nombre, que evoca la legendaria cárcel de San Francisco, sino por su ubicación en una zona reconocida por su biodiversidad y fragilidad ecológica.

Aquí viven al menos 36 especies amenazadas, incluyendo panteras de Florida y tortugas del desierto.

Sin evaluación ambiental, con impacto irreversible

El apuro por levantar la cárcel migratoria no solo enciende la indignación social. Friends of the Everglades y el Centro para la Diversidad Biológica ya presentaron una demanda legal contra el estado de Florida.

Argumentan que el proyecto viola la Ley de Política Ambiental Nacional al construirse sin ningún estudio de impacto ecológico.

Apenas el pasado 18 de junio, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, ofrecía retener hasta 1,000 migrantes en el lugar.

Menos de dos semanas después, la cifra se triplicó y el terreno de 100 kilómetros cuadrados está prácticamente listo para recibir a los primeros detenidos.

“El proceso ha sido opaco, acelerado y arbitrario”, declaró uno de los representantes legales de los ambientalistas. “Estamos ante un retroceso peligroso en protección ambiental y derechos civiles”.

Cárcel migratoria en zona de huracanes

Las condiciones de la cárcel también preocupan a médicos y organizaciones humanitarias.

De ser abierta, los migrantes, en su mayoría latinoamericanos y caribeños quedarían expuestos a temperaturas extremas, tormentas tropicales y la presencia de animales salvajes, como caimanes y serpientes, sin garantías claras de trato digno ni acceso a servicios básicos de salud.

“Todo esto nos recuerda los peores episodios de criminalización del migrante”, dijo un portavoz de Amnistía Internacional.

“No se trata de seguridad, se trata de control, miedo y deshumanización. Y usan territorios indígenas”.

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Una crisis política vestida de emergencia

Para el gobernador DeSantis, la apertura de ‘Alligator Alcatraz’ responde a una “emergencia migratoria”.

Pero detrás de esa justificación emergen voces que denuncian una agenda política más profunda.

Es usar el tema migratorio para polarizar, alimentar la narrativa antiinmigrante y ganar base electoral. Y esta cárcel migratoria es el símbolo más reciente de esa estrategia.

El plan incluye otro centro de detención en un campo de la Guardia Nacional en Jacksonville, con lo que el estado podrá retener hasta 5,000 personas migrantes.

Pero ni la cifra ni la promesa de “orden” logran acallar las críticas que se esparcen desde el pantano hasta el Congreso. EFE.