Estos certificados pertenecen a 33 hijos de mujeres italianas que se sometieron a inseminación artificial en el extranjero y los registraron bajo el gobierno anterior. Hasta ahora, 27 madres han sido eliminadas de 27 actas de nacimiento.

La medida anuló la promesa previa de eliminar las designaciones tradicionales de "madre" y "padre" en los certificados de nacimiento, dejando solo al padre biológico nombrado. Esto afecta a las parejas del mismo sexo, ya que la subrogación es ilegal en Italia y el matrimonio homosexual no está legalizado. Por lo tanto, el padre no biológico debe adoptar legalmente a su hijo.

La medida también impide que los hombres en una relación del mismo sexo registren el nacimiento de su hijo con ambos nombres de padres. En cambio, deben elegir solo a uno de ellos para ser el padre legal.

El grupo LGBT Rainbow Family Association ha lanzado una protesta oficial en contra de esta medida, argumentando que pone a sus hijos en un limbo y limita los derechos del padre no registrado.

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El gobierno de Meloni también propuso extender la prohibición nacional de la subrogación a parejas que utilicen servicios en el extranjero, con una pena de prisión de dos años y una multa que supera el millón de dólares, lo que ha sido criticado por apuntar específicamente a parejas del mismo sexo. Sin embargo, también afectaría a parejas heterosexuales que utilicen servicios de subrogación en el extranjero.

Se teme que otras regiones de Italia, especialmente las controladas por gobiernos de centro-derecha, puedan seguir el ejemplo de Padua y cancelar retroactivamente certificados de nacimiento similares.

En respuesta, unas 300 mujeres participaron en una protesta frente al palacio de justicia de Padua, mostrando su desacuerdo con la medida y demandando igualdad para todas las personas.

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