Un juez federal de California bloqueó la aplicación de las políticas utilizadas por el Gobierno de Estados Unidos para implementar un cobro de 100,000 dólares por determinadas nuevas solicitudes de visa H-1B, al considerar que las agencias migratorias no siguieron los procedimientos establecidos por la legislación administrativa.
La decisión fue emitida por el juez Haywood S. Gilliam Jr., del Tribunal Federal del Distrito Norte de California, en el marco de una demanda presentada por empresas, organizaciones y otros actores que cuestionaron la legalidad de la forma en que las autoridades pusieron en marcha el nuevo pago.
La resolución representa un nuevo capítulo en la disputa judicial sobre el cobro establecido inicialmente durante la Administración de Donald Trump en septiembre de 2025 y que posteriormente fue extendido.
¿Qué decidió el juez sobre el cobro de $100,000?
Gilliam concedió parcialmente la solicitud presentada por los demandantes y ordenó frenar las políticas mediante las cuales las agencias federales implementaron el pago adicional para determinadas peticiones H-1B.
El fallo señala que los demandantes tienen posibilidades de demostrar que las agencias actuaron de forma “arbitraria y caprichosa” al implementar la medida sin analizar adecuadamente alternativas y los intereses de las entidades que resultarían afectadas.
El juez también determinó que las autoridades debieron someter las políticas a un proceso de notificación y recepción de comentarios públicos, como establece la Ley de Procedimiento Administrativo de Estados Unidos.
De acuerdo con la resolución, las agencias no podían poner en marcha por sí mismas el mecanismo para cobrar los 100,000 dólares sin cumplir previamente con ese procedimiento.
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¿Qué es la visa H-1B?
La visa H-1B permite a empleadores estadounidenses solicitar trabajadores extranjeros para desempeñarse temporalmente en ocupaciones consideradas especializadas, que generalmente requieren formación universitaria u otras cualificaciones específicas.
El programa es utilizado en diferentes sectores que requieren trabajadores con conocimientos especializados. La disputa actual se concentra en el pago adicional impuesto para determinadas nuevas peticiones y no supone, por sí misma, la eliminación del programa H-1B.
El fallo de California se refiere específicamente a las políticas y acciones administrativas utilizadas para implementar el cobro.
¿Cuándo se estableció el pago de $100,000?
El cobro adicional fue establecido mediante una proclamación presidencial firmada por Donald Trump el 19 de septiembre de 2025.
La medida dispuso un pago de 100,000 dólares asociado a determinadas nuevas peticiones H-1B y fue posteriormente implementada mediante acciones de agencias federales, entre ellas el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y el Departamento de Estado.
La proclamación contemplaba inicialmente una duración determinada, pero posteriormente fue extendida en septiembre de 2026.
La Administración Trump justificó la medida señalando que buscaba responder a lo que calificó como un “abuso sistémico” del programa H-1B.
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¿Por qué el juez cuestionó la forma en que se implementó?
El punto central de la resolución no se limita al monto del cobro, sino al procedimiento utilizado por las agencias para ponerlo en práctica.
La Ley de Procedimiento Administrativo exige determinados procesos cuando las agencias federales adoptan reglas que afectan derechos, obligaciones o intereses de personas y entidades.
En este caso, Gilliam concluyó que los demandantes tienen posibilidades de demostrar que las autoridades no cumplieron con las exigencias de notificación y participación pública antes de implementar las políticas relacionadas con el pago.
El tribunal también señaló que las agencias no evaluaron adecuadamente alternativas ni los intereses de las entidades afectadas antes de establecer el mecanismo de aplicación.
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La decisión se suma a otra disputa judicial
El caso de California no es el único proceso judicial relacionado con el cobro de 100,000 dólares.
En junio de 2026, un tribunal federal de Massachusetts anuló las acciones de las autoridades utilizadas para implementar el pago y determinó que la medida no podía mantenerse bajo la forma en que había sido establecida.
El Gobierno apeló esa decisión, pero en julio el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito rechazó una solicitud para suspender los efectos de la resolución mientras avanzaba el proceso.
De esta manera, existen decisiones judiciales que han impedido la aplicación del cobro, mientras otros tribunales han abordado de manera distinta la autoridad presidencial y el procedimiento utilizado para establecerlo.
Por ejemplo, un tribunal federal de Washington había rechazado anteriormente una solicitud para bloquear el cobro, manteniendo una posición diferente frente a la controversia.
