Un tribunal federal en Arizona bloqueó temporalmente este jueves la deportación de 12 niños hondureños, tras una enmienda judicial que amplió una demanda presentada inicialmente en nombre de 57 niños guatemaltecos.

La medida busca evitar expulsiones inmediatas sin que los menores puedan ejercer sus derechos legales en Estados Unidos.

La jueza federal Rosemary Márquez, con sede en Tucson, emitió la orden como parte de un proceso que ya había detenido una acción similar durante el fin de semana del Día del Trabajo, cuando la administración Trump intentó deportar a decenas de niños guatemaltecos que se encontraban en refugios o bajo cuidado temporal.

Muchos de ellos, al igual que los hondureños, han llegado solos a Estados Unidos y hoy están bajo custodia del gobierno federal.

Demanda para frenar la deportación de niños hondureños

La organización Proyecto Florence por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (FIRRP) presentó la enmienda legal para proteger a los menores hondureños, ante lo que consideran un riesgo inminente de deportación sin debido proceso.

La acción legal exige que se les garantice acceso a un juez de inmigración, asesoría legal y un entorno de resguardo que respete el interés superior del menor.

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Según los abogados de FIRRP, los 12 menores hondureños —de entre 3 y 17 años— expresaron temor real de regresar a su país por motivos de violencia, pobreza o abandono, y algunos tienen familiares ya residiendo en Estados Unidos.

"El gobierno debe cumplir con la Ley de 2008, que obliga a brindar a los niños migrantes la oportunidad de solicitar asilo y comparecer ante un juez", señala el documento judicial. Dicha normativa protege a todos los menores migrantes, salvo aquellos procedentes de México y Canadá.

Precedente guatemalteco encendió las alarmas

El caso tiene como antecedente la acción de la misma jueza, quien días atrás detuvo la expulsión de decenas de niños guatemaltecos alojados en refugios de Phoenix y Tucson. Ese fallo estableció una protección temporal de al menos dos semanas mientras se revisan sus procesos migratorios.

Tras conocerse el precedente, FIRRP actuó rápidamente para incluir a los niños hondureños en la demanda, con el fin de evitar una deportación sorpresiva. La organización afirma tener pruebas creíbles de que el gobierno federal preparaba un plan para remover a estos niños sin permitirles ejercer sus derechos.

Contexto: migración infantil en cifras

En los últimos años, miles de niños centroamericanos han cruzado la frontera sur de Estados Unidos sin compañía de un adulto. En 2022, se registró un récord histórico de 152,060 menores no acompañados. Aunque las cifras han disminuido desde entonces, el flujo sigue siendo significativo.

Según datos del gobierno, en 2023 los guatemaltecos representaban el 32 % de los menores en centros de detención, seguidos por hondureños, mexicanos y salvadoreños.

Los motivos que impulsan esta migración son diversos, pero incluyen principalmente la violencia, la pobreza extrema, la reunificación familiar y la falta de oportunidades en sus países de origen.

Silencio oficial y presión judicial

Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha respondido a las solicitudes de información sobre las posibles deportaciones. Este silencio, señalan los abogados, aumenta la preocupación de que las expulsiones puedan ejecutarse sin aviso y fuera del marco legal.

Los defensores insisten en que deportar a estos menores sin respetar el proceso judicial sería una violación grave de los derechos humanos y una regresión a políticas migratorias más restrictivas que ya han sido ampliamente cuestionadas.

Mientras tanto, el destino de estos 12 niños hondureños se define en los tribunales, mientras sus abogados y organizaciones de derechos migratorios continúan presionando por un trato digno y justo.

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