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La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Kirchner, quien podrá acceder al beneficio de la prisión domiciliaria debido a su edad (72 años), fue acusada de haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos gobiernos, entre 2007 y 2015.
El máximo tribunal rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de la expresidenta y también denegó el pedido de la Fiscalía de duplicar la pena a 12 años de prisión y agregar el delito de asociación ilícita.
La justicia le dio a Kirchner cinco días hábiles para presentarse ante los tribunales para ser detenida.
La exmandataria, quien también ofició de vicepresidenta durante el mandato de Alberto Fernández (2019-2023), anunció días atrás que se presentaría como candidata a diputada en los próximos comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, en septiembre.
Sin embargo, la confirmación de su condena por la máxima instancia judicial del país significa que ya no podrá presentarse a elecciones.
Protestas por condena contra Cristina Fernández
Kirchner, una figura muy polémica y divisiva en Argentina, es actualmente la presidenta del Partido Justicialista (PJ), nombre oficial del peronismo, la principal fuerza opositora al gobierno del economista libertario Javier Milei.
La exmandataria recibió el anuncio de la Corte en la sede del PJ, acompañada por legisladores y dirigentes de su espacio. Mientras militantes peronistas cortaban los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires.
La expresidenta, quien niega los cargos en su contra, ha denunciado que es víctima del lawfare; una persecución política, mediática y judicial orquestada por sus rivales políticos.
Tras conocerse el fallo, Kirchner dio un discurso ante sus simpatizantes agrupados en la calle frente a la sede del PJ en el que dijo que el "Partido Judicial" le había impuesto un "cepo al voto popular" con su condena.
"Cuando fui a declarar dije que la sentencia ya estaba escrita y no me equivoqué", aseguró.