La ayuda para Honduras podría convertirse en uno de los asuntos sometidos a mayor escrutinio político en Washington después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
El gobierno de Nasry Asfura enfrenta un escenario que va más allá de su relación con Donald Trump: la posibilidad de negociar con un Congreso estadounidense dividido.
Los fondos para seguridad, desarrollo y fortalecimiento institucional podrían quedar sujetos a nuevas prioridades, investigaciones y condiciones presupuestarias si cambia la correlación de fuerzas.
Virginia Contreras, consultora principal de la plataforma multilateral Hispanic Social Assembly (HISPSA); Carmen Rodríguez, periodista; y Ricardo Valencia, profesor asociado de la Universidad Estatal de California Fullerton, analizan las implicaciones de ese escenario.
Sus planteamientos coinciden en un punto: el Congreso dispone de mecanismos para influir en la cooperación exterior, aunque no controla por sí solo todas las decisiones.
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Los 167 millones de dólares que ponen la ayuda para Honduras bajo examen
El debate tiene antecedentes económicos concretos: Virginia Contreras explica que, entre los años fiscales 2015 y 2024, las agencias estadounidenses comprometieron cerca de 1,600 millones de dólares en asistencia para Honduras.
Sin embargo, la Administración Trump canceló alrededor de 167 millones de dólares previamente comprometidos durante los años fiscales 2024 y 2025.
Los recortes incluyeron recursos destinados a programas económicos y de gobernabilidad.
La especialista recuerda que Washington también trasladó al Departamento de Estado la administración de la asistencia anteriormente ejecutada por USAID.
Estas decisiones podrían convertirse en materia de revisión legislativa si cambia la mayoría en la Cámara de Representantes o el Senado.
"El Congreso no dirige por sí solo la política exterior estadounidense, pero puede influir de manera considerable en su financiación, sus condiciones y su supervisión", sostiene Contreras.
Su planteamiento introduce una diferencia: la Casa Blanca dirige la política exterior, pero necesita desenvolverse dentro de un sistema de controles legislativos.
Por ello, la cooperación con Honduras no depende exclusivamente de los acuerdos que alcance Asfura con Trump.
Los comités que pueden revisar el destino de los fondos
La periodista Carmen Rodríguez identifica las principales instancias legislativas que intervienen en asuntos relacionados con Centroamérica.
Entre ellas menciona los comités de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y del Senado, así como los órganos encargados de asignaciones presupuestarias.
"No es que solo vean el tema de Centroamérica, pero ahí es donde se tratan los temas de Centroamérica", explica Rodríguez.
Migración, seguridad fronteriza, narcotráfico, comercio y cooperación internacional compiten por atención legislativa.
Virginia Contreras precisa que los comités de asuntos exteriores supervisan la política y promueven legislación, mientras los de asignaciones elaboran propuestas presupuestarias.
También intervienen los comités de Servicios Armados cuando determinados programas de seguridad se financian mediante el Departamento de Defensa.
Esto significa que los recursos para cooperación policial, asistencia militar y desarrollo pueden recorrer procedimientos presupuestarios diferentes.
Rodríguez también menciona los espacios legislativos dedicados a audiencias sobre derechos humanos.
Entre ellos figura la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos, donde pueden examinarse situaciones relacionadas con países centroamericanos.
¿Qué cambiaría si los demócratas controlan una o ambas cámaras?
Virginia Contreras plantea dos escenarios con consecuencias distintas para Honduras.
Si los demócratas obtienen la mayoría en la Cámara de Representantes, pero los republicanos conservan el Senado, podrían aumentar las investigaciones sobre los recortes de asistencia.
También tendrían capacidad para convocar audiencias y promover iniciativas destinadas a recuperar programas de desarrollo y fortalecimiento institucional.
Sin embargo, cualquier nueva asignación necesitaría completar el proceso legislativo correspondiente.
El segundo escenario supone que los demócratas controlen ambas cámaras, y en ese caso, tendrían mayores posibilidades de impulsar modificaciones presupuestarias y ampliar la supervisión sobre las decisiones de la Administración Trump.
Entre los asuntos que podrían revisarse figuran los programas anteriormente ejecutados por USAID, la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción.
Pero Contreras advierte que una mayoría legislativa no representa una garantía de recuperación de fondos.
"El presidente conserva amplias facultades ejecutivas y participa en el proceso legislativo, por lo que el alcance de los cambios dependería de los acuerdos políticos y de las decisiones presupuestarias concretas", señala.
La advertencia es importante para Honduras: una nueva mayoría podría abrir oportunidades de negociación, pero no asegura resultados inmediatos.
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Más investigaciones y controles a la Administración Trump
El profesor Ricardo Valencia considera que un cambio en el equilibrio de fuerzas podría incrementar la presión legislativa sobre la Casa Blanca.
"Podríamos ver más investigaciones, más escrutinio, más como que el Congreso le exija más al Gobierno o a la Administración Trump que rinda cuentas en cuanto a política exterior", plantea.
Su análisis incluye la posibilidad de que el Congreso cuestione acuerdos internacionales, decisiones comerciales y mecanismos de cooperación.
Uno de los asuntos que identifica es la política arancelaria de Trump. Valencia considera que una mayoría demócrata podría intentar frenar determinadas medidas, aunque eso abriría disputas entre el Legislativo y el Ejecutivo.
"El Congreso va a querer poner freno, la Administración va a buscar la forma de quitar ese freno", expresa al describir ese posible enfrentamiento.
Para el docente universitario, esas disputas también podrían consumir tiempo y recursos políticos de la Administración estadounidense.
No obstante, la capacidad de modificar aranceles dependería de las competencias legales del Congreso, las mayorías necesarias y las facultades presidenciales.
La ayuda militar también podría entrar en discusión
La cooperación en seguridad constituye otro de los asuntos sensibles para Centroamérica.
Valencia considera que una nueva correlación legislativa podría modificar los márgenes de actuación de la Administración Trump en esta materia.
"Puede ser que el Congreso sí va a tener la capacidad de limitar la forma en la que la Administración Trump quiere enfocar la ayuda militar a Centroamérica", sostiene.
Esta posibilidad tiene relevancia para Honduras por su relación de cooperación en seguridad con Estados Unidos.
Virginia Contreras recuerda que Washington mantiene presencia militar en la base de Soto Cano y que la asistencia estadounidense comprende diferentes áreas.
También señala que parte de la cooperación se vincula a compromisos contra el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción.
Un cambio de mayoría podría dar mayor atención legislativa a las condiciones que acompañan determinados programas.
Sin embargo, eso no significa que la cooperación militar vaya a suspenderse o ampliarse automáticamente.
Las decisiones dependerían del tipo de asistencia, las leyes presupuestarias y las prioridades de ambos gobiernos.
El presupuesto podría convertirse en otro campo de disputa
Valencia advierte que un Congreso con mayor presencia opositora también podría intensificar las controversias presupuestarias.
Las discusiones sobre migración, seguridad, gastos militares y prioridades internas podrían ocupar buena parte de la agenda legislativa.
"Puede también que el Congreso limite o quiera reducir o quiera que se modifique ese nuevo presupuesto", plantea.
Anuncia la posibilidad de nuevas confrontaciones que compliquen la aprobación del financiamiento federal.
En ese escenario, los programas destinados a Centroamérica podrían quedar sujetos a negociaciones más prolongadas.
La revisión de recortes y las propuestas para recuperar fondos competirían con otras prioridades estadounidenses.
Esto introduce una paradoja para Honduras: un Congreso dispuesto a examinar la cooperación también podría enfrentar dificultades para alcanzar acuerdos presupuestarios.
El desafío de Asfura ante un Washington dividido
El resultado electoral podría obligar al gobierno hondureño a ampliar sus interlocutores en Washington.
Una relación cercana con la Administración Trump no eliminaría la necesidad de atender las decisiones del Congreso y de sus comités.
Si cambia el control legislativo, podrían modificarse las prioridades de supervisión, las condiciones de asistencia y los debates sobre seguridad y gobernabilidad.
Contreras considera que las elecciones pueden abrir posibilidades para revisar los programas de cooperación y fortalecer la relación bilateral.
Pero insiste en que los beneficios dependerán de las prioridades legislativas y de la capacidad para convertir propuestas en decisiones presupuestarias.
Rodríguez, por su parte, identifica los espacios donde los asuntos centroamericanos pueden recibir atención y seguimiento político.
Valencia advierte sobre un escenario de mayor confrontación institucional, con consecuencias potenciales para la política exterior estadounidense.
Las tres perspectivas muestran que la relación bilateral no se define únicamente mediante encuentros presidenciales o acuerdos entre gobiernos.
También intervienen decisiones legislativas que pueden establecer condiciones, revisar programas y determinar asignaciones de recursos.
Para Asfura, el desafío sería mantener canales de cooperación con la Casa Blanca y, al mismo tiempo, atender las prioridades de un Congreso eventualmente dividido.
Porque una fotografía con Trump puede reflejar cercanía política, pero no garantiza la aprobación de fondos.
En Washington, la cooperación también se decide donde se discute, condiciona y aprueba el presupuesto.
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