El 25 de septiembre de 2025, un tribunal federal dictó sentencia contra el hondureño Miguel Ángel Solórzano Domínguez.
La justicia lo condenó a 101 meses de prisión, seguidos de cinco años de libertad supervisada, además de una cuota obligatoria de 400 dólares.
La resolución respondió a múltiples violaciones de la Ley Federal, desde delitos de narcóticos hasta la portación ilegal de un arma de fuego, agravadas por su historial delictivo y un reingreso ilegal a territorio estadounidense.
La condena al hondureño por drogas
Los documentos judiciales confirman que el 29 de enero de 2025, al hondureño lo encontraron en posesión de una mezcla que contenía cocaína, lista para ser distribuida.
Este hecho lo colocó frente a la Ley Federal de Sustancias Controladas, que castiga la posesión con intención de distribuir narcóticos.
La acusación lo vinculó de manera directa con el tráfico de drogas, uno de los delitos más perseguidos por las autoridades federales en Estados Unidos.
Miguel Solórzano portaba un arma de fuego
Ese mismo día, el hondureño también portaba una pistola semiautomática Taurus G2C, calibre 9 mm, destinada a facilitar actividades de narcotráfico, según la Fiscalía.
La Ley Federal de Control de Armas lo señaló por dos motivos: por usar el arma en conexión con un delito de drogas y por poseerla aun siendo un delincuente previamente convicto en Misisipi.
El hallazgo de la pistola y la munición se convirtió en el segundo gran pilar de la condena.
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Deportación y reingreso ilegal a Estados Unidos
El caso también se agravó con un tercer factor: el reingreso ilegal a Estados Unidos. Solórzano Domínguez había sido deportado el 9 de julio de 2010, pero volvió sin autorización, contraviniendo la legislación migratoria federal.
Este antecedente selló una nueva infracción que terminó sumándose a su ya extenso expediente criminal.
El expediente lo llevó a juicio el fiscal federal adjunto Lynn E. Schiffman, de la Unidad de Narcóticos, quien sustentó la acusación con pruebas sólidas y coordinación interinstitucional.
