Para Honduras, la historia de Juan Carlos Arvizú Hernández, alias “Lanchita”, parecía haber terminado en septiembre de 2017: extraditado, llevado a juicio y condenado a 30 años de prisión en Estados Unidos.
Pero detrás de los barrotes comenzó otra batalla, “Lanchita” no se conformó con la sentencia.
El hondureño llevó el caso hasta una corte federal de apelaciones, buscó demostrar que Estados Unidos fue demasiado lejos al imponerle tres décadas de cárcel.
Su argumento tenía a Honduras en el centro y Arvizú sostuvo que su condena violentó el tratado de extradición entre ambos países y las condiciones bajo las cuales la justicia hondureña autorizó entregarlo a Estados Unidos.
En términos prácticos, buscó atacar los diez años que separaban los 20 años contemplados en la legislación hondureña, misma que citó durante su extradición de los 30 que finalmente recibió, pero la jugada no funcionó.
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Juan Carlos Arvizú llevó los 30 años ante una corte de apelaciones
La batalla se registra en el expediente 17-14753 de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito.
Los documentos judiciales muestran que Juan Carlos Arvizú Hernández apeló la sentencia de 360 meses que recibió después de ser declarado culpable de conspirar para distribuir cocaína sabiendo que sería introducida ilegalmente a Estados Unidos.
Su defensa puso sobre la mesa un punto que nació desde su extradición. La orden hondureña establecía que Arvizú no podía recibir pena de muerte ni un castigo considerado degradante, inhumano o ignominioso.
Durante el proceso aparecieron los artículos 18 y 19 de la legislación hondureña y una diferencia que “Lanchita” intentaría aprovechar: una pena máxima de 20 años.
Arvizú quiso convertir esa diferencia en un límite para su condena estadounidense, según su planteamiento, los 30 años impuestos en Miami chocaron con las condiciones bajo las cuales Honduras permitió que lo llevaran ante la justicia norteamericana.
Los jueces no lo vieron así.
Honduras sabía que podía enfrentar hasta cadena perpetua
La Corte de Apelaciones encontró un obstáculo decisivo para la pretensión de “Lanchita”: antes de extraditarlo, Estados Unidos informó a Honduras que podía enfrentar hasta cadena perpetua si era declarado culpable.
Pese a conocer esa posibilidad, Honduras autorizó su extradición. La corte también determinó que la orden hondureña no estableció expresamente que Arvizú únicamente pudiera recibir 20 años de cárcel.
Los magistrados explicaron que la referencia a la legislación hondureña se usó para determinar si las conductas atribuidas al acusado también constituían delitos en Honduras, requisito relacionado con la extradición.
No era, concluyeron, un techo de 20 años para la justicia estadounidense.
Tampoco aceptaron que una sentencia de 360 meses se considerara, bajo las circunstancias del expediente, un castigo degradante, inhumano o ignominioso.
El 17 de julio de 2019, la Corte de Apelaciones cerró aquella puerta: confirmó los 30 años de prisión.
“Lanchita” perdió su primera gran pelea contra la condena.
De Honduras salieron toneladas de cocaína
Para entonces, el expediente judicial reconstruyó el tamaño de la estructura por la que Estados Unidos persiguió a Juan Carlos Arvizú.
Según la justicia estadounidense, el hondureño dirigía una organización dedicada al transporte de narcóticos que funcionó como una pieza de una cadena mucho mayor.
La cocaína llegó en cargamentos de cientos de kilogramos procedentes de Colombia, Venezuela y Brasil.
La droga se recibió y almacenó temporalmente en Honduras antes de continuar hacia puntos cercanos a la frontera con Guatemala, Belice y México.
Parte de esos cargamentos tenía como destino final Estados Unidos y la Fiscalía estadounidense sostuvo durante el juicio que Arvizú fue responsable del tráfico de más de 5,000 kilogramos de cocaína.
No se declaró culpable para negociar una pena, fue a juicio. Un jurado de Miami lo declaró culpable el 14 de julio de 2017 y el 29 de septiembre de ese año recibió los 30 años que después intentó combatir.
El caso tuvo además una particularidad: de acuerdo con el Departamento de Justicia, fue el undécimo hondureño extraditado bajo el mecanismo de extradición entre Honduras y Estados Unidos y el primero de ese grupo que enfrentó un juicio.
“Lanchita” volvió a los tribunales desde prisión
Sin embargo, el fallo de 2019 tampoco fue el último movimiento judicial que aparece a nombre de Arvizú.
Años después volvió a los tribunales y en 2022 aparece un nuevo expediente promovido por Juan Carlos Arvizú Hernández mientras cumplía su condena en el sistema penitenciario federal.
El proceso se registró como 5:22-cv-00179-JPB y posteriormente llegó a la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito bajo el número 23-6045.
El 13 de enero de 2023 se registró una apelación relacionada con un recurso de habeas corpus.
Para ese momento, Arvizú estaba recluido en la Institución Correccional Federal Hazelton, en Virginia Occidental.
Los movimientos públicos del expediente muestran que la corte le ordenó presentar su escrito informal de apelación y cumplir con los requisitos relacionados con las tasas judiciales.
Para el 24 de febrero de 2023 todavía no cumplía esas exigencias. La corte lanzó entonces una advertencia: si no corregía el incumplimiento dentro de 15 días, el caso se desestimaría.
Pero esa tampoco sería la última vez que “Lanchita” intentaría mover los 30 años que pesaban sobre él.
Una reforma abrió otra puerta para reducir los 30 años
En 2023 apareció una oportunidad distinta y la Comisión de Sentencias de Estados Unidos aprobó la Enmienda 821, una modificación que permitía reducir en dos niveles el cálculo de sentencia de determinados condenados sin puntos de antecedentes criminales y sin ciertos factores agravantes.
Arvizú intentó acogerse retroactivamente a esa reforma para conseguir una reducción de los 360 meses de prisión y los cinco años de libertad supervisada que le impusieron.
Sobre el papel había un dato que podía favorecerlo: cuando lo sentenciaron tenía una categoría I de antecedentes penales.
Pero había otro dato que le cerró la puerta: cuando lo condenaron, el tribunal determinó que “Lanchita” desempeñó un papel de liderazgo dentro de la conspiración y por ello le aplicó un aumento de cuatro niveles en el cálculo de la pena.
La misma condición que pesó contra él al momento de sentenciarlo, bloqueó años después su intento de beneficiarse de la reforma.
Ser líder de la organización le cerró la puerta
El 12 de enero de 2024, el juez federal Robert N. Scola Jr., del Distrito Sur de Florida, rechazó la solicitud de reducción de sentencia.
La resolución fue directa: Arvizú no cumplía con todos los requisitos de la Enmienda 821 porque recibió un ajuste por papel agravante dentro de la estructura criminal.
El tribunal recordó que se le consideró líder de una organización de transporte de narcóticos a gran escala.
Eso bastó para dejarlo fuera del beneficio y el juez ni siquiera tuvo que pasar a la segunda fase del análisis para decidir si otros factores justificaban reducirle la pena.
Al fallar en uno de los requisitos obligatorios, la petición se denegó. La resolución de 2024 reveló otro detalle de la sentencia original: el nivel de delito asignado a Arvizú era 43 y las directrices federales recomendaron cadena perpetua.
Los 30 años que recibió en septiembre de 2017 fueron, en realidad, una pena por debajo del rango que recomendaron.
Para enero de 2024, el expediente judicial señaló que su fecha prevista de liberación era el 9 de octubre de 2040.
Los 30 años que “Lanchita” no logró mover
La condena de 2017 no cerró el expediente de Juan Carlos Arvizú. Primero intentó utilizar las condiciones de su extradición desde Honduras para sostener que no debía recibir más de 20 años.
La Corte de Apelaciones rechazó el argumento en 2019 y años después volvió a los tribunales, pero también perdió esa batalla.
En Honduras quedaron ampliamente registrados su captura, su extradición y los 30 años de cárcel. Menos conocida fue la pelea que continuó detrás de los barrotes.
En 2024, “Lanchita” encontró una nueva puerta para intentar reducir su tiempo en prisión.
Pero volvió a cerrársele por una razón: la justicia estadounidense lo consideró líder de la organización de narcotráfico.
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