El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó este viernes a más de una veintena de personas de Centroamérica, incluyéndolas en la Lista Engel de "Actores corruptos y antidemocráticos".

Esta es una actualización del informe de la Sección 353 de 2024, publicado en el Registro Federal.

El informe identifica a personas involucradas en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, en corrupción significativa y en la obstrucción de investigaciones sobre actos de corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Entre los sancionados figuran 20 funcionarios del Consejo Nacional de Universidades (CNU), del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) y autoridades de universidades públicas de Nicaragua.

Nicaragua:

  • Almarina Oliveira Solís Santos: vicepresidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU). Según el Departamento de Estado, "socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia, tomando el control de la Universidad Centroamericana (UCA) y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses, e instalando a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias".
  • Roberto Enrique Flores Díaz: secretario del CNU. Se le acusa de "socavar los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia, tomando el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalando a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias".
  • Jaime López Lowery: secretario técnico del CNU. Se le acusa de participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia, tomar el control de la UCA y otras 25 universidades privadas, e instalar a simpatizantes del partido gobernante en las administraciones universitarias.
  • Isaias Hernández Sánchez: director de planificación y desarrollo del CNU. Según el Departamento de Estado, "socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia, tomando el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalando a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias".
  • Mario José Caldera Alfaro: vicepresidente del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA). También se le señala de socavar los procesos democráticos al participar en una campaña coordinada para tomar el control de las universidades nicaragüenses y reprimir a los críticos del régimen.
  • Nivea del Socorro González Rojas: exmiembro de la junta directiva de la CNEA. Fue sancionada por socavar los procesos democráticos y participar en la campaña de represión contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo.
  • Francisco Martín Jácamo Ramírez: exmiembro de la CNEA. Al igual que otros sancionados, se le acusa de participar en la represión de la disidencia y de tomar el control de las universidades en Nicaragua para instalar a seguidores del partido gobernante.
  • Luz Marina Ortis Narváez: vicerrectora de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo. Se le acusa de usar su cargo para implementar políticas que castigan a profesores y estudiantes que no participan en actividades políticas del FSLN.
  • Moisés Ignacio Palacios: secretario general de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo. Se le señala por participar en una campaña para reprimir la disidencia, aplicando sanciones a aquellos que no apoyan al FSLN.
  • Lilliam de Jesús Lezama Gaitán: rectora de la Universidad Politécnica Nacional. Se le acusa de implementar políticas para castigar a estudiantes y profesores que no participan en actividades del FSLN.
  • Henry Antonio Balmaceda Zamora: vicerrector de la Universidad Politécnica Nacional. También fue sancionado por su implicación en la represión de la disidencia dentro de las universidades.
  • María Alejandra Martínez Guadamuz: secretaria general de la Universidad Politécnica Nacional. Fue sancionada por reprimir a quienes se oponen al régimen utilizando su cargo.
  • Johana Elena Torrez Mendoza: rectora de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés. Se le acusa de emplear su cargo para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo.
  • José Ramón Velásquez Hernández: vicerrector de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés. Al igual que su colega, se le señala de aplicar políticas represivas en la universidad.
  • Juan Carlos Benavides Fuentes: rector de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza. Participó en la represión contra los críticos del régimen, castigando a los que no apoyan al FSLN.
  • Noemí del Carmen Obregón: vicerrectora de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza. Se le acusa de participar en la campaña de represión del régimen Ortega-Murillo.
  • José Elías Álvarez: secretario general de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza. Fue sancionado por su participación en la represión contra los opositores del régimen.
  • Flor de María Pérez Vélez: rectora de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana. Según el Departamento de Estado, “socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo”.
  • Javier Guillermo Hernández Munguía: vicerrector de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana. También fue sancionado por su participación en políticas represivas dentro de la universidad.
  • Claudia Patricia Jovel Castillo: secretaria general de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana. Se le acusa de aplicar sanciones a los profesores y estudiantes que no apoyan al régimen de Ortega.

    • El Salvador:

  • José Edgardo Bruno Ventura, alias 'Hermano': Fue involucrado en importantes actos de corrupción, incluyendo sobornos a miembros de la Policía Nacional Civil y otros funcionarios para facilitar su red de tráfico de drogas y apoyar a una de las pandillas más grandes del país.
  • Nercy Patricia Montano de Martínez: Como alcaldesa de Soyapango, participó en la malversación de fondos públicos, negociando contratos ilegales y desviando fondos sin la aprobación del Concejo Municipal.

    • Guatemala:

  • Jorge Adolfo Mondal Chew: presidente de la junta directiva del Banco de los Trabajadores (BANTRAB). Fue sancionado por sobornar a magistrados de la Corte Constitucional para mantenerse en su puesto.
  • Claudia Elizabeth Paniagua Pérez: magistrada de la Corte Constitucional. Se le acusa de aceptar sobornos a cambio de fallos favorables de la Corte Constitucional.

    • Honduras:

  • Sonia Marlina Dubón: magistrada de la Corte Suprema de Justicia, adscrita a la Sala Constitucional. Fue sancionada por socavar los procesos democráticos, utilizando su poder para debilitar el Estado de derecho.
  • Ebal Jair Díaz Lupián: exsecretario de la Presidencia. Se le señala por apropiarse indebidamente de fondos destinados a la reconstrucción de viviendas tras los huracanes Eta e Iota.
  • Lourdes Pamela Blanco Luque: abogada privada. Fue sancionada por presionar a funcionarios para actuar según sus intereses, utilizando sus conexiones con el gobierno para ejercer influencia.