Lo que comenzó como un altercado por un almuerzo que nunca llegó a tiempo pasó a un caso federal que pudo costarle dos décadas de cárcel a un hondureño.
Sin embargo, después de escuchar tres días de testimonios y revisar las pruebas, un jurado decidió que la versión de la Fiscalía no era suficiente para condenarlo.
A Jorge Alberto Maradiaga Carias lo declararon el 29 de julio de 2026, no culpable de dos cargos de agresión contra funcionarios federales.
Así se puso fin a un proceso judicial que nació tras un incidente ocurrido el 28 de septiembre de 2025 en el Centro de Detención de Inmigrantes del condado de Karnes, en el sur de Texas.
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El hondureño y el almuerzo que desató el conflicto
Según la acusación, el retraso en la entrega del almuerzo provocó el malestar de varios migrantes detenidos.
Cuando los custodios intentaron controlar la situación, las autoridades sostuvieron que el hondureño se enfrentó a ellos.
La Fiscalía aseguró que Maradiaga estranguló al guardia Daniel Burris y pateó en la cabeza a Brandon Briones.
También afirmó que lanzó amenazas y les gritó que no tenía por qué obedecerles porque "no eran nadie" y "no eran de ICE".
Si el jurado hubiera respaldado esa versión, el hondureño enfrentaría una condena de hasta 20 años de prisión.
La defensa atacó el corazón del caso
Pero el juicio tomó otro rumbo y los abogados defensores no centraron su estrategia únicamente en negar la agresión.
También cuestionaron la credibilidad de los testimonios de los guardias y señalaron que sus declaraciones no coincidían con los informes elaborados tras el incidente.
Para reforzar ese argumento utilizaron fotografías del interior de la celda e incluso un maniquí para reconstruir la escena.
Asi mostraron al jurado las inconsistencias que, según ellos, existían en la versión presentada por la acusación.
Además, plantearon un punto que marcó buena parte del debate: los dos hombres agredidos no eran agentes federales de ICE, sino empleados de GEO Group, la empresa privada contratada para operar el centro de detención.
La defensa pidió que el jurado no los identificara como "agentes", sino como personal de apoyo.
El juez federal Orlando García aceptó modificar parte de las instrucciones que serían leídas antes de la deliberación.
Cinco horas de deliberación
La Fiscalía insistió en que, aunque los custodios pertenecían a una empresa privada, actuaron en representación de ICE y estaban protegidos por la legislación federal mientras cumplían sus funciones.
También sostuvo que el hondureño fue quien inició la agresión y lo responsabilizó de todo lo ocurrido durante la protesta.
Sin embargo, tras más de cinco horas de deliberaciones, el jurado concluyó que las pruebas no bastaban para demostrar su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
El veredicto fue claro: no culpable. Con esa decisión, el hondureño evitó una condena que pudo mantenerlo dos décadas tras las rejas.
Así se cerró un caso en el que la credibilidad de los testimonios pesó tanto como las acusaciones de la Fiscalía.
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