Lo sacaron de Estados Unidos y terminó a miles de kilómetros de Honduras, en un país africano con el que no tenía vínculos. Ahora el mismo Gobierno que ejecutó su traslado deberá regresar al hondureño por el camino contrario.
El hondureño deportado a África, Brayan Omar Sánchez Servellón, deberá viajar desde la República Centroafricana hasta Colorado por orden de una jueza federal estadounidense.
La resolución se emitió el 18 de septiembre por la jueza Regina M. Rodriguez, del Tribunal Federal para el Distrito de Colorado, dentro del expediente Sanchez Servellon v. Baltazar.
Pero la decisión va mucho más allá de comprarle un boleto de regreso, es cuando Sánchez vuelva a Colorado, las autoridades deberán liberarlo inmediatamente.
Tendrán que devolverle sus pertenencias y facilitarle los documentos necesarios para trasladarlo hasta su residencia.
Tampoco podrán imponerle monitoreo mediante GPS, reportes obligatorios u otras restricciones de movimiento contempladas expresamente por el tribunal.
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El hondureño que terminó en República Centroafricana
La batalla comenzó meses antes de que Sánchez apareciera en África, el hondureño lo detuvo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 13 de mayo de 2026.
El 29 de junio presentó una solicitud de habeas corpus ante la justicia federal de Colorado.
Su situación migratoria tenía una particularidad y es que en 2020, un juez de inmigración emitió una orden final de expulsión contra Sánchez.
Pero al mismo tiempo le concedió protección bajo la Convención contra la Tortura, que impedía enviarlo a Honduras.
Eso no impidió que las autoridades buscaran otro destino y a Sánchez lo trasladaron a centros de detención hasta que lo enviaron a la República Centroafricana, utilizando el mecanismo de deportación hacia un tercer país.
No era Honduras, tampoco era un país con el que Sánchez tuviera vínculos conocidos.
Su protección contra el retorno a Honduras la interpretaron las autoridades migratorias como una prohibición limitada a ese país, no como un impedimento para deportarlo a otra nación.
Una orden apareció antes de que terminara en África
El expediente revela un episodio clave que ocurrió antes de la deportación. El 28 de julio, mientras la solicitud de habeas corpus permanecía abierta, la magistrada Susan Prose emitió una orden destinada a preservar la jurisdicción del tribunal.
La instrucción establecía que las autoridades no debían sacar a Sánchez del Distrito de Colorado hacia la jurisdicción de otro tribunal federal dentro de Estados Unidos.
Salvo que esa medida la levantara la propia corte o por el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito.
Para entonces, sin embargo, el hondureño comenzó a moverse dentro del sistema de detención migratoria.
Posteriormente terminó fuera de Estados Unidos y el 20 de agosto, ante las denuncias sobre su traslado, el tribunal exigió al Gobierno explicar qué ocurrió ante aquella orden del 28 de julio.
La discusión ya no era solamente dónde estaba Sánchez, también estaba en juego si el tribunal todavía podía ejercer control sobre el caso de un hombre que presentó su recurso en Colorado y terminó en África.
La jueza pidió los documentos de la deportación
El caso tomó otro giro en septiembre y las autoridades estadounidenses argumentaron ante el tribunal que Sánchez estaba sujeto a una orden final de expulsión.
La jueza Regina M. Rodriguez respondió el 9 de septiembre de 2026 y exigió al Gobierno entregar la documentación que sirvió de fundamento para trasladarlo desde Texas hasta la República Centroafricana.
Dos días después, los representantes gubernamentales incorporaron al expediente la orden del juez de inmigración y registros del proceso migratorio.
Pero el 18 de septiembre llegó la decisión que cambió nuevamente la ruta del hondureño.
Rodriguez concedió tanto su petición de traslado como su solicitud de habeas corpus.
La instrucción fue directa: Sánchez deben trasladarlo desde República Centroafricana nuevamente al Distrito de Colorado.
No basta con regresarlo
El retorno, sin embargo, constituye solamente la primera parte de la orden y una vez que llegue a Colorado, Sánchez deberá ser puesto inmediatamente en libertad bajo su propio reconocimiento.
Las autoridades también tendrán que devolverle sus pertenencias y proporcionarle los documentos de identificación y viaje necesarios para regresar a su domicilio.
La jueza colocó además una barrera frente a una eventual nueva detención: ICE y las demás autoridades no podrán arrestarlo o detenerlo nuevamente.
Previo deben demostrar mediante evidencia clara y convincente ante un funcionario neutral, que representa riesgo de fuga o peligro para la comunidad.
En esa eventual audiencia, Sánchez tendrá derecho a contar con un abogado y será el Gobierno el que deberá sostener la carga de la prueba.
Mientras permanezca bajo custodia, tampoco podrá ser nuevamente trasladado fuera del Distrito de Colorado, salvo que el tribunal o la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito modifiquen la orden.
El viaje que ahora deberá hacerse al revés
El hondureño pasó de estar detenido por ICE a moverse entre instalaciones migratorias estadounidenses y finalmente terminó en República Centroafricana.
Ahora esa ruta deberá recorrerse en sentido contrario y el tribunal ordenó al Gobierno estadounidense presentar un informe certificando el cumplimiento de la resolución el 25 de septiembre de 2026.
El expediente público todavía identifica el caso como activo y la última actuación que muestra es precisamente la orden del 18 de septiembre.
El caso del hondureño deportado a África pone bajo revisión judicial algo más grande que su destino individual: hasta dónde puede llegar una deportación hacia un tercer país cuando el migrante mantiene abierta una batalla ante los tribunales estadounidenses.
A Sánchez lo sacaron de Estados Unidos y lo enviaron al otro lado del Atlántico. Esta vez, una orden federal exige invertir la ruta: traerlo de África, devolverlo a Colorado y dejarlo en libertad.
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