Salir de una situación de explotación puede terminar con el sometimiento, pero no necesariamente abre la puerta para que quienes sobrevivieron sean escuchados cuando el Estado decide cómo prevenir la trata de personas, proteger a las víctimas o mejorar su respuesta.
Esa es una de las brechas que deja al descubierto un nuevo informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El estudio examinó cómo instituciones públicas, organizaciones civiles y organismos internacionales de América incorporan a sobrevivientes de trata de personas en sus programas y decisiones.
Honduras forma parte de los países analizados y detrás de los porcentajes aparece una pregunta incómoda: ¿Se consulta a los sobrevivientes para escucharlos o también se les permite intervenir en las decisiones que pueden afectar a otras víctimas?
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Trata de personas: Honduras intenta abrirles un espacio
El informe coloca a Honduras entre los países que comienzan a construir mecanismos formales para incorporar la experiencia de los sobrevivientes.
Una consultoría con UNICEF enfatiza la necesidad de construir un Consejo Consultivo de Sobrevivientes.
Ese Consejo está pensado como espacio para integrar sus perspectivas. Sin embargo, el mecanismo todavía aparece en proceso de implementación.
Honduras no parte completamente de cero. El documento menciona también las unidades de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) entre los mecanismos identificados en la región.
Pero el salto importante estaría en pasar de atender o consultar a quienes sobrevivieron a la explotación a incorporar su experiencia en las decisiones.
El propio informe ubica al futuro consejo hondureño entre los espacios que presentan avances hacia una participación formal, aunque todavía no están plenamente institucionalizados.
Escucharlos no significa que puedan decidir
La diferencia entre consulta y decisión atraviesa buena parte del estudio y alrededor del 80 % de las organizaciones de sociedad civil consultadas afirmó involucrar activamente a sobrevivientes en procesos de consulta.
Entre las instituciones públicas, la proporción baja a aproximadamente 30 %, señala el informe.
La distancia aumenta cuando se observa quién tiene capacidad de decisión y entre organizaciones civiles e internacionales, 29 participantes reportaron que los sobrevivientes intervienen tanto en consultas como en procesos de toma de decisiones.
En el sector público, en cambio, su participación se describe como consultiva, mientras los espacios para decidir eran inexistentes o todavía estaban desarrollándose.
Otro dato retrata esa distancia: solo tres participantes del sector público dijeron que consultar a sobrevivientes se traduce en un papel efectivo dentro de la toma de decisiones.
Participar sin recibir un pago
Hay otra barrera detrás de esa participación: el dinero. De los participantes del sector público, 27 reportaron que no existen fondos dedicados a respaldar la participación de sobrevivientes.
Apenas tres señalaron contar con recursos destinados a compensarlos por esa labor.
El panorama tampoco cambia radicalmente en la sociedad civil. El informe encontró organizaciones sin fondos específicos para facilitar o remunerar esa participación.
Eso significa que una persona puede ser convocada para aportar su experiencia, participar en una consulta o contribuir a mejorar una política contra la trata de personas, sin que existan recursos destinados a reconocer ese trabajo.
Para los autores, las experiencias más desarrolladas tienen precisamente otra característica.
Los sobrevivientes reciben recursos o remuneración, ocupan posiciones definidas de liderazgo y cuentan con mecanismos de confidencialidad y protección frente a la revictimización.
El miedo también cierra la puerta
No todo depende de crear consejos o reservar un asiento en una mesa. El estudio encontró obstáculos que explican por qué algunos sobrevivientes pueden mantenerse alejados de estos espacios.
Hay desconfianza hacia las instituciones públicas, temor a revivir el trauma, riesgo de exposición y falta de información clara sobre cómo participar.
También aparecen problemas institucionales. La falta de recursos fue la barrera mencionada con mayor frecuencia en el estudio, con 57 menciones.
La desconfianza hacia las instituciones públicas y la falta de información clara acumularon 42 menciones cada una.
A ellas se suman la ausencia de marcos legales y mecanismos formales, la burocracia, el miedo a la exposición pública y los frecuentes cambios de autoridades.
Una fotografía que debe leerse con cautela
El informe no permite afirmar que sus resultados representen por completo la situación hondureña.
De las 88 instituciones que respondieron el estudio regional, por Honduras participó una institución del sector público y ninguna organización de sociedad civil u organismo internacional.
Los propios autores advierten que el número de respuestas recibidas por país no necesariamente refleja el universo de instituciones que trabajan contra la trata.
Por eso, el hallazgo hondureño funciona más como una señal de hacia dónde se mueve el país que como una evaluación completa de su respuesta.
El desafío que deja planteado el documento va más allá de rescatar y atender a las víctimas.
Honduras comienza a construir un espacio para escuchar a quienes sobrevivieron a la trata; la deuda será convertir esa voz en participación real cuando llegue el momento de decidir.
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