Una mujer salvadoreña generó controversia en las redes digitales tras manifestar su inconformidad con las consecuencias de la política de seguridad desplegada en el país, pues lamentó públicamente la detención de su pareja, un hecho que la obliga ahora a trabajar para sostener económicamente a su familia.
Durante una entrevista en la vía pública, la mujer expresó su postura dividida sobre las medidas gubernamentales.
“Que por una parte está bien, pero por la otra no, porque algunas personas que tenemos que mantener a los hijos solos porque han detenido a los padres... y nos cuesta, pues”, declaró la vendedora ante los micrófonos.
Asimismo, la mujer describió el impacto económico que supuso la captura del hombre de la casa, señalando que anteriormente no necesitaba laborar.
“Porque los hijos andan sufriendo... porque durante ellos estaban afuera, nosotros no trabajábamos, él me ayudaba... En cambio ahorita ya me toca trabajar a mí para ellos”, afirmó la mujer.
Ola de reacciones en redes sociales
Las declaraciones provocaron una inmediata respuesta entre la comunidad digital, donde miles de usuarios cuestionaron que la mujer se quejara por tener que trabajar de manera formal.
Varios internautas relacionaron el sustento previo de la familia con actividades ilícitas y señalaron: “Vivía de lo robado”, mientras otros ironizaron sobre el descubrimiento de la responsabilidad personal indicando: “Doña, eso es trabajar honradamente, se lo presento, mucho gusto”.
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Por otro lado, la gran mayoría de los comentarios respaldó el accionar de las fuerzas de seguridad y el impacto del régimen de excepción.
Diversos usuarios celebraron el cambio de realidad social manifestando: “Viva Bukele y esta señora a trabajar”, al tiempo que agregaron: “Está bueno que trabaje, la vida fácil no es buena” y concluyeron que “entonces todo está muy bien, grande Bukele”.
El impacto del estado de excepción
Desde que el presidente Nayib Bukele implementó el estado de excepción en marzo de 2022, las autoridades salvadoreñas desplegaron una ofensiva masiva contra las pandillas.
Esta medida suspendió ciertas garantías constitucionales y permitió la captura de más de 80.000 presuntos miembros y colaboradores de estructuras criminales, reduciendo drásticamente los índices de homicidios y extorsiones en barrios que antes permanecían bajo control de las maras.
A pesar de las constantes denuncias de organizaciones internacionales de derechos humanos por detenciones arbitrarias, la estrategia mantiene un respaldo popular superior al 80 % en el país.
De tal manera, la población percibe una histórica recuperación de la paz social y del espacio público, aunque el proceso continúe generando complejas secuelas socioeconómicas en los hogares de las personas encarceladas.
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