El cerco judicial estadounidense sobre el liderazgo chavista ha sumado un capítulo financiero sin precedentes. Un juez federal del Distrito Sur de Florida ordenó a Nicolás Maduro y a varios de los rostros más influyentes de su círculo político pagar una indemnización de 314 millones de dólares.
La condena responde a una demanda civil interpuesta por más de una decena de ciudadanos estadounidenses.
Las víctimas sufrieron en carne propia crímenes graves de secuestro, tortura y terrorismo de Estado cometidos bajo el auspicio del régimen de Caracas, se indicó.
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La cúpula en la mira: Quiénes deben pagar y quiénes quedan fuera
La resolución emitida por el juez Darrin P. Gayles apunta directamente a Maduro, quien se encuentra recluido en Nueva York, pero extiende la millonaria responsabilidad económica a figuras clave de su poder.
En ese sentido, entre los sancionados destacan el ministro del Interior, Diosdado Cabello, el ministro de Agricultura, Vladimir Padrino, el fiscal general, Tarek William Saab, el empresario Alex Saab y la organización criminal conocida como el Cártel de los Soles.
Por el contrario, el magistrado decidió excluir temporalmente de esta orden de pago a la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, y a su hermano Jorge Rodríguez.
De igual manera, las empresas estatales Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) quedaron fuera del dictamen en esta etapa del proceso.
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Moneda de cambio geopolítica: El origen de la demanda de las víctimas
El expediente que dio pie a este fallo civil fue promovido por un grupo de víctimas que incluye a Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, además de dos menores de edad.
En 2023, estos tres ciudadanos estadounidenses recuperaron su libertad durante un canje de prisioneros bajo la administración de Joe Biden, un intercambio político que permitió, precisamente, la liberación de Alex Saab.
En su fallo, el juez Gayles argumentó que "Maduro históricamente ha secuestrado y detenido arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses para canjearlos por la liberación de criminales venezolanos recluidos en los Estados Unidos". Bajo esta premisa, el magistrado concluyó que tales acciones constituyen actos de terrorismo internacional que violaron flagrantemente las leyes norteamericanas.
El triple peso de la ley y el destino penal de los implicados
Para justificar la gigantesca penalización, la corte determinó que la cúpula chavista operó como una corporación criminal sistemática. Por ello, el fallo se fundamentó en la violación de tres normativas federales de gran peso: la Ley Federal Antiterrorismo (ATA), la Ley Antiterrorismo de Florida y la célebre Ley RICO, diseñada históricamente para desmantelar a la mafia.
Este recurso civil corre por una vía paralela al severo panorama penal que enfrentan los acusados. Cabe destacar que Nicolás Maduro fue arrestado a inicios de este año y espera juicio por cargos de narcoterrorismo, mientras que Alex Saab afronta en Miami un proceso por lavado de dinero.
Aunque cobrar efectivamente los 314 millones de dólares representa un desafío complejo, el veredicto sienta un precedente demoledor sobre la responsabilidad civil de regímenes autoritarios.
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