El gobierno de Donald Trump prepara un cambio profundo en la política migratoria de Estados Unidos al revivir una versión más estricta de la conocida regla de “carga pública”, una medida que complicaría la obtención o el mantenimiento de la residencia permanente, la green card, para miles de inmigrantes que utilizan beneficios públicos.
De acuerdo con el adelanto publicado en el Registro Federal, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) pretende derogar la normativa establecida durante la administración de Joe Biden y reemplazarla por una interpretación más amplia, similar a la que Trump impulsó en su primer mandato.
¿Qué implica la nueva medida que dificutaría el acceso a la green card?
La nueva propuesta considera cualquier uso pasado o futuro de beneficios públicos, sin importar el tiempo, como un factor negativo al momento de evaluar la residencia. Esto reinstalaría la inclusión de programas como:
- SNAP (cupones de alimentos)
- Medicaid
- Programas de vivienda pública
Durante el gobierno de Biden, estos beneficios quedaron excluidos para evitar el miedo entre inmigrantes elegibles. Ahora, con el cambio, volverían a ser determinantes en el proceso migratorio.
El National Immigration Law Center advirtió que la propuesta también abre la puerta a que USCIS agregue nuevos criterios en el futuro sin necesidad de consulta pública, lo que aumentaría la discrecionalidad de los oficiales migratorios al evaluar los casos.
Organizaciones alertan impacto y temen un efecto de terror
Diversas organizaciones proinmigrantes reaccionaron con preocupación. Para ellas, la medida no solo es confusa, sino que podría generar un clima de miedo entre comunidades que dependen legalmente de estos beneficios para sobrevivir.
Adriana Cadenas, directora de la Coalición para la Protección de las Familias Inmigrantes, advirtió que la reforma “pone en riesgo la salud y el bienestar económico de la nación”, porque desalentaría a inmigrantes y ciudadanos estadounidenses a solicitar ayudas a las que tienen derecho.
Por su parte, Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Derecho Migratorio, calificó la propuesta como “un ataque diseñado para sembrar miedo y confusión”, y aseguró que responde a una visión excluyente del país.
“La obsesión de Trump con la carga pública busca convertir a EE. UU. en un lugar donde solo prosperen los blancos y ricos”, enfatizó.
Aunque algunos funcionarios del gobierno de Trump han insinuado que los inmigrantes abusan de estos programas, organizaciones aclararon que las personas sin estatus legal no pueden acceder a SNAP ni a la mayoría de seguros públicos, excepto en situaciones muy específicas.
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Un largo historial de cambios entre gobiernos
La regla de carga pública ha sido una herramienta migratoria desde hace décadas, pero fue durante 2019 que Trump amplió su alcance, permitiendo negar green cards a quienes usaban programas que nunca habían sido considerados como un problema.
En ese momento, miles de inmigrantes dejaron de solicitar beneficios por miedo a afectar su estatus, una situación que se agravó durante la pandemia.
Aunque la Corte Suprema permitió temporalmente su aplicación, Biden la revocó al asumir el poder, procurando certidumbre para las familias migrantes.
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Sin embargo, la nueva propuesta de Trump apunta a restablecer criterios más amplios, lo que según expertos podría aumentar el número de denegaciones arbitrarias, dependiendo del criterio de cada oficial.
Cabe recordar que los hijos ciudadanos estadounidenses de padres sin residencia siguen siendo elegibles para los programas sociales, por lo que la medida impacta directamente en la estabilidad de familias mixtas.
Un panorama incierto para la comunidad migrante
El restablecimiento de esta política podría cambiar la forma en que millones de inmigrantes acceden a programas esenciales como atención médica y asistencia alimentaria, por temor a perjudicar su camino hacia la residencia.
