El Gobierno estadounidense anunció una nueva normativa que permitirá a los funcionarios de inmigración enviar determinadas solicitudes de asilo directamente ante un juez, sin entrevistar primero al solicitante.
El Registro Federal publicó la disposición este martes 28 de julio y la medida entró en vigor el mismo día. La normativa autoriza el procedimiento, pero no obliga a los funcionarios a aplicarlo en todas las solicitudes de asilo afirmativo.
Los oficiales de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) podrán revisar los documentos, los antecedentes y otras pruebas para decidir si remiten el expediente a la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
USCIS mantendrá las entrevistas cuando considere aprobar o negar directamente una solicitud. Sin embargo, la agencia podrá omitir ese paso cuando decida enviar el caso ante un juez de inmigración.
Evaluación de credibilidad
La norma también elimina de los reglamentos las referencias al “derecho” del solicitante a una entrevista. Además, USCIS ya no tendrá que incluir una evaluación de credibilidad en la carta que explique la remisión del expediente.
Cuando el solicitante no cuente con otra condición legal para permanecer en Estados Unidos, la remisión podrá colocarlo dentro de un proceso de expulsión.
Durante ese procedimiento, la persona podrá defender su solicitud de asilo y presentar otras peticiones de protección ante el juez.
Los tribunales de inmigración pertenecen al Departamento de Justicia y funcionan bajo la EOIR.
Esta oficina administra los procedimientos migratorios y supervisa a los jueces que determinan si una persona puede permanecer en el país.

USCIS presentó el cambio como una estrategia para reducir el retraso acumulado y concentrar sus recursos en los casos que requieran entrevistas.
Su director, Joseph Edlow, afirmó que algunas personas utilizan el sistema para prolongar su estancia y obtener permisos de trabajo, mientras las solicitudes legítimas esperan una resolución.
Menos expedientes
El Departamento de Seguridad Nacional calcula que la medida podría alcanzar al menos 444,724 de los 1,434,145 expedientes que integraban la acumulación de solicitudes de asilo afirmativo al cierre del año fiscal 2025. Esa cantidad representa cerca del 31 % del total.
La institución estima además que unos 132,167 solicitantes anuales podrían enfrentar una remisión sin entrevista en futuros casos, principalmente por incumplir el plazo de presentación, enfrentar alguna prohibición legal o no reunir los requisitos establecidos.
El Gobierno abrió un periodo de 60 días para recibir comentarios públicos sobre la normativa. Después de revisar las observaciones, las autoridades podrán realizar modificaciones antes de presentar una versión definitiva.
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