Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas pidieron este viernes en un comunicado a las autoridades venezolanas que informen de la suerte y el paradero de las víctimas de desaparición forzada en el contexto de las elecciones presidenciales de julio de 2024, así como durante y después de la investidura presidencial en enero de 2025.

"Ante instituciones nacionales parcializadas y disfuncionales, las víctimas recurren cada vez más a mecanismos internacionales para conocer la verdad sobre sus seres queridos, prevenir cualquier daño irreparable a su vida e integridad personal y buscar reparación", señalaron los cinco expertos que componen el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas.

Subrayaron que han recibido testimonios de familiares, abogados y organizaciones de la sociedad civil, quienes se han quejado de que sus denuncias y recursos de habeas corpus no están siendo procesados, y en ocasiones, ni siquiera aceptados.

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"El uso creciente de la desaparición forzada como un arma para silenciar a miembros de la oposición, personas percibidas como tales, activistas prodemocracia y personas defensoras de derechos humanos, busca generar un efecto disuasorio en toda la sociedad", lamentaron.

El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas está presidido por Gabriella Citroni y lo completan Grazyna Baranowska, Aua Baldé, Ana-Lorena Delgadillo Pérez y Mohammed Al-Obaidi. 

Detenciones en Venezuela

Mariana González, hija del líder de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, denunció el 17 de febrero Venezuela que aún desconoce el paradero de su esposo, Rafael Tudares, quien fue "arbitrariamente detenido" el 7 de enero.

"No se tiene información sobre su estado de salud, su ubicación ni situación actual", dijo González en la red social X.

Junto a Tudares fueron detenidos el defensor de derechos humanos Carlos Correa -ya excarcelado- y el excandidato antichavista Enrique Márquez, acusado de supuestamente planear un "golpe de Estado" para el 10 de enero, día de la toma de posesión presidencial de Nicolás Maduro.

Según medios internacionales, Tudares fue procesado el 24 de febrero por un tribunal de Terrorismo, donde fue presentado por la fiscalía, afín al régimen de Maduro, y le imputó como cómplice de cinco delitos, sin derecho a ser defendido.

Estos delitos están relacionados con las actas electorales que publicó la oposición, de las elecciones de julio de 2024, y por las cuales se persigue a González Urrutia, exiliado en Madrid, España, quien asegura que fue el vencedor de los comicios.