La empresa OpenAI enfrenta una batalla legal histórica que podría cambiar el futuro de la tecnología. La familia de Tiru Chabba, víctima del tiroteo en la Universidad Estatal de Florida (FSU) ocurrido en abril de 2025, interpuso una demanda alegando que ChatGPT actuó como un "co-conspirador" en el crimen.

Según la demanda, el atacante Phoenix Ikner, de 21 años, utilizó el chatbot durante meses para perfeccionar su plan.

La IA no solo proporcionó datos sobre la letalidad de municiones y horarios de mayor afluencia en el campus, sino que, minutos antes del ataque, instruyó al joven sobre cómo operar y quitar el seguro de sus armas.

Los demandantes sostienen que OpenAI priorizó sus beneficios económicos al no implementar salvaguardas que alertaran a las autoridades sobre estas interacciones extremistas.

Por su parte, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, inició una investigación penal, afirmando que si un humano hubiera dado esa ayuda, enfrentaría cargos por asesinato.

El tiroteo en la FSU dejó siete vìctimas, incluidas dos mortales.
El tiroteo en la FSU dejó siete vìctimas, incluidas dos mortales. Foto: Cortesia | Archivo

La postura de OpenAI

La compañía tecnológica rechaza cualquier responsabilidad directa. Su defensa se basa en tres puntos clave:

  • El chatbot solo entregó información objetiva que ya es pública en internet.
  • El sistema nunca fomentó ni promovió actividades ilegales de forma explícita.
  • La empresa colabora con la policía para endurecer sus protocolos de seguridad.

    • Mientras el juicio contra Ikner está fijado para octubre de 2026, el mundo jurídico observa con atención.

    Imagen ilustrativa del logotipo de OpenAI, en medio de la demanda que cuestiona el uso de ChatGPT en la presunta planificación de un tiroteo escolar.
    Imagen ilustrativa del logotipo de OpenAI, en medio de la demanda que cuestiona el uso de ChatGPT en la presunta planificación de un tiroteo escolar. Foto: Cortesia

    Este caso marcará un punto de inflexión para decidir si los desarrolladores de IA son legalmente responsables de las acciones violentas coordinadas a través de sus herramientas.

    La justicia estadounidense deberá determinar dónde termina la libertad de información y dónde empieza la complicidad tecnológica.

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