Autoridades de Ecuador investigan la muerte de un hombre de 37 años que falleció durante un procedimiento odontológico en una clínica privada ubicada en el norte de Quito.
El caso generó dudas sobre posibles fallas médicas, irregularidades en la documentación y el cumplimiento de los protocolos.
El paciente ingresó el pasado 2 de abril de 2026 para someterse a una endodoncia y a la colocación de implantes dentales.
Durante la intervención, sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras permanecía bajo anestesia general. Personal lo encontró sin signos vitales dentro del consultorio.
La documentación revisada por la familia señala como causa de muerte un infarto agudo de miocardio, además de edema cerebral, edema pulmonar e insuficiencia respiratoria.
Ante estos hallazgos, los familiares iniciaron acciones legales y solicitaron acceso completo al expediente clínico.
Investigaciones de la Fiscalía
La Fiscalía mantiene el caso en etapa preliminar y espera información clave del Instituto Nacional de Medicina Legal, lo que permitirá determinar si existen elementos para abrir una investigación formal por presunta mala práctica médica.
Uno de los puntos que más cuestionamientos genera es el uso de anestesia general en un procedimiento que comúnmente se realiza con anestesia local.
Hasta ahora, no existe una justificación clínica documentada que respalde esa decisión.
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La revisión de documentos también revela posibles irregularidades. En el consentimiento anestésico aparecen espacios vacíos en datos esenciales como el nombre, firma y sello del profesional responsable.
Además, algunos consentimientos informados presentan fechas posteriores al fallecimiento, lo que incrementa las dudas sobre el manejo administrativo y clínico.
Esto dice la familia
La familia también detectó cláusulas en los formularios que buscan trasladar la responsabilidad a los profesionales tratantes, un aspecto que podría ser evaluado dentro del proceso judicial.
Tras el hecho, la Agencia Metropolitana de Control inspeccionó la clínica en la zona de Iñaquito y detectó el funcionamiento de un área de Rayos X sin autorización, por lo que procedió a su clausura.
El Instituto Nacional de Medicina Legal ya realizó la autopsia y enviará el informe a la Fiscalía. Este documento, junto con los análisis toxicológicos y la revisión del expediente clínico, resultará clave para determinar si el caso configura un posible homicidio culposo por mala práctica médica.
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