El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) publicó un memorándum el pasado 11 de junio en el que aclara que la ciudadanía estadounidense puede ser revocada bajo determinadas circunstancias.

El documento detalla los escenarios específicos en los que una persona naturalizada podría perder su estatus de ciudadano, una acción que se lleva a cabo mediante un proceso conocido como desnaturalización civil.

Según el memorándum, el DOJ tiene la potestad de iniciar procedimientos civiles para revocar la ciudadanía de una persona si esta la obtuvo ilegalmente, mediante ocultación de hechos materiales o declaraciones falsas intencionales.

Además, aquellos individuos que hayan adquirido su ciudadanía mediante fraude también están sujetos a perderla.

¿Cuándo puede perderse la ciudadanía de Estados Unidos?

La desnaturalización civil permite al gobierno quitar la ciudadanía a varias categorías de personas, entre las que se incluyen:

  • Personas que hayan cometido crímenes de guerra
  • Individuos responsables de ejecuciones extrajudiciales u otras violaciones graves de derechos humanos
  • Criminales naturalizados o miembros de pandillas con historial delictivo significativo
  • Personas condenadas por delitos que representen una amenaza continua para la seguridad nacional
  • Terroristas convictos, con el fin de evitar que regresen a Estados Unidos o utilicen un pasaporte estadounidense para viajar internacionalmente

Categorías prioritarias para la desnaturalización

El memorándum también enumera 10 categorías prioritarias para los casos de desnaturalización. Algunas de ellas son:

  • Casos contra individuos que representen un peligro para la seguridad nacional, como aquellos con vínculos con terrorismo, espionaje o exportación ilegal de bienes o tecnología sensible
  • Casos contra personas que hayan participado en tortura, crímenes de guerra u otras violaciones graves de derechos humanos
  • Individuos involucrados en organizaciones criminales transnacionales, cárteles de drogas o pandillas criminales.
  • Delitos graves no revelados durante el proceso de naturalización, incluyendo tráfico de personas, delitos sexuales o crímenes violentos.
  • Casos contra personas que cometieron fraude financiero contra el gobierno de EE.UU., como fraude en programas de ayuda pública o fraude relacionado con Medicaid/Medicare.

El DOJ aclaró que estas categorías no se siguen estrictamente en un orden de prioridad, sino que sirven como una guía para que la División Civil determine cuáles casos deben ser priorizados.

Además, se especifica que la División Civil tiene la discreción de perseguir casos fuera de estas categorías, según lo considere necesario.

Política de la Administración Trump

En el mismo memorándum, también se abordan otros objetivos políticos de la administración Trump, tales como el combate a prácticas y políticas discriminatorias, la lucha contra el antisemitismo, la protección de mujeres y niños, y el fin de las jurisdicciones santuario, que limitan la cooperación entre las autoridades locales y federales en la aplicación de leyes migratorias.

El memorándum deja claro que el DOJ mantiene un enfoque riguroso para asegurarse de que aquellos que adquirieron la ciudadanía de manera fraudulenta o mediante actividades ilícitas enfrenten las consecuencias correspondientes, contribuyendo a la seguridad nacional y la integridad del sistema de naturalización de Estados Unidos.

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