La disputa por los Cayos Zapotillos podría parecer, a primera vista, una pelea por un puñado de islotes perdidos en el Caribe. Sin embargo, detrás de ese territorio de escasa extensión se esconde una controversia con implicaciones mucho mayores para Honduras, Belice y Guatemala.
La reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de admitir la intervención de Guatemala en el caso colocó el litigio en el centro de la discusión regional.
Guatemala no se convirtió en parte del proceso entre Honduras y Belice, pero sí obtuvo autorización para presentar observaciones y defender intereses jurídicos que considera podrían verse afectados por la futura sentencia.
La resolución dejó al descubierto que el conflicto trasciende la soberanía sobre unos cayos y toca asuntos más amplios relacionados con fronteras marítimas.
Además de espacios de navegación y derechos en una de las zonas más sensibles del Caribe occidental.
La Corte fijó el 21 de septiembre de 2026 como fecha límite para que Belice y Honduras presenten observaciones escritas sobre los planteamientos formulados por Guatemala.
De interés: Guatemala quiere intervenir en disputa Honduras-Belice por Cayos Zapotillos
Cayos Zapotillos un conflicto que lleva décadas
Los Cayos Zapotillos se ubican en una zona estratégica cercana a las costas de Honduras, Belice y Guatemala.
Durante años, Honduras y Belice mantuvieron diferencias sobre la soberanía de estas pequeñas formaciones insulares.
El litigio llegó formalmente a la Corte Internacional de Justicia en noviembre de 2022, cuando Belice presentó una demanda contra Honduras para que el tribunal determine la titularidad de los cayos.
Belice sostiene que ha ejercido una administración continua sobre el archipiélago desde su independencia en 1981, mientras que Honduras basa su reclamación en títulos históricos heredados de la época colonial bajo el principio jurídico del uti possidetis juris, utilizado en América Latina para definir fronteras a partir de las divisiones territoriales existentes al momento de la independencia.
La controversia terminó llegando a la CIJ, máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, donde ambos países buscan una resolución definitiva sobre la titularidad de los cayos.
Aunque el territorio en disputa es reducido, los expertos coinciden en que el verdadero valor del caso radica en los efectos que una sentencia puede tener sobre espacios marítimos mucho más extensos.
La razón por la que Guatemala pidió intervenir
Guatemala sostiene desde hace décadas un diferendo territorial con Belice que también se encuentra bajo conocimiento de la CIJ en un proceso separado.
Por esa razón, las autoridades guatemaltecas argumentaron que una decisión sobre los Cayos Zapotillos podría afectar intereses jurídicos vinculados a sus propias reclamaciones y a futuras delimitaciones marítimas.
La Corte aceptó ese razonamiento y autorizó su participación como Estado interviniente.
Eso significa que Guatemala podrá presentar argumentos y observaciones ante el tribunal, pero sin convertirse en demandante ni demandado dentro del litigio entre Honduras y Belice.
Como parte de esa intervención, Guatemala ya presentó ante la Corte una Declaración Escrita en la que expone el alcance de los intereses jurídicos que considera comprometidos en la controversia sobre los Cayos Zapotillos.
Además sugiere las vías mediante las cuales esos intereses podrían ser protegidos dentro del proceso.
Sin embargo, el contenido de ese documento permanece bajo reserva. De acuerdo con el Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, la declaración y la documentación relacionada continuarán siendo confidenciales hasta que los jueces autoricen su divulgación durante la fase oral o en una etapa posterior del caso.
Una vez concluida esta fase procesal, la CIJ deberá fijar el calendario de las audiencias públicas en las que las partes expondrán sus argumentos sobre el fondo de la controversia.
Más que unos islotes
La importancia de los Cayos Zapotillos no se limita a la tierra emergida, en el derecho internacional, la soberanía sobre determinadas islas puede influir en la delimitación de espacios marítimos.
También impacta en las zonas económicas exclusivas, actividades pesqueras y otros derechos asociados al mar.
Por eso, una sentencia sobre estos cayos podría tener repercusiones que se extiendan mucho más allá de las pequeñas franjas de arena y vegetación que hoy aparecen en los mapas.
La decisión final también la observarán con atención por especialistas en derecho internacional, diplomáticos y gobiernos de la región debido a sus posibles efectos sobre futuros criterios de delimitación territorial.
La Corte también fijó el 21 de septiembre de 2026 como fecha límite para que Honduras y Belice presenten observaciones escritas sobre los argumentos planteados por Guatemala en su intervención.
Una disputa observada por toda la región
La intervención de Guatemala demuestra que el caso dejó de ser visto únicamente como un diferendo bilateral.
Aunque Honduras y Belice continúan siendo las únicas partes del proceso, la presencia de un tercer Estado evidencia que los intereses involucrados alcanzan una dimensión regional.
La sentencia definitiva todavía no tiene fecha, pero el caso ya se convirtió en uno de los litigios territoriales más relevantes de Centroamérica.
Lo que está en juego no es únicamente la soberanía sobre unos cayos, es la manera en que el derecho internacional definirá intereses marítimos.
Ese derecho definirá los límites y equilibrios geopolíticos en una región donde las fronteras terrestres y marítimas siguen siendo motivo de debate.
Lea también: CIJ permite a Guatemala participar en disputa Belice-Honduras por Cayos Zapotillos
