El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, solicitó el jueves (11.02.2021) al Congreso Nacional que retome la aplicación de la pena de muerte para los delitos contra la niñez y las mujeres.

"Solicito al Congreso de Guatemala que reevalúe la aplicación de la pena de muerte y que pueda aplicarse en casos tan atroces como los cometidos recientemente contra la niñez y las mujeres", publicó Giammattei en su cuenta de Twitter.

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El mandatario guatemalteco hizo la petición de volver a la pena extrema tras el asesinato de una niña de ocho años en el departamento de Petén, al norte del país. La pequeña desapareció el lunes 8 de febrero de su vivienda y fue hallada el miércoles 10 del mes estrangulada y con golpes en su manos y rostro, informó Prensa Libre.

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"Es hora de que vayamos pensando, por ejemplo, en el crimen de esa niña, debería ser condenado con la pena de muerte", manifestó Giammattei, de acuerdo a lo publicado en el medio.

Giammattei reclamó al Congreso que "no tiemble la mano para enfrentar a los criminales" y a su criterio "todos los crímenes contra la niñez deberían de ser pagados con la vida del criminal".

"Si llega una pena de muerte, la vamos a evaluar y la vamos a ejecutar", advirtió el gobernante de Guatemala.

De acuerdo con el Observatorio de las mujeres del Ministerio Público (MP), en 2020 455 mujeres perdieron la vida de forma violenta en Guatemala.

Vacío legal

El artículo 18 de la Constitución de Guatemala establece la pena de muerte, sin embargo, en los últimos años no ha podido ejecutarse debido al vacío legal que existe desde que el expresidente Alfonso Portillo (2000-2004) derogó en 2004 el decreto 159, que regulaba el indulto y permitía al presidente suspender o no la ejecución.

En ese mismo inciso se regula que es el Congreso el que podrá "abolir" este castigo.

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Mientras, en 2017 la Corte de Constitucionalidad decidió declarar inconstitucional la aplicación de la pena de muerte en los delitos de parricidio, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, desaparición forzada y muerte del presidente o vicepresidente, por las contradicciones con acuerdos internacionales de derechos humanos.

El Estado de Guatemala ejecutó por última vez a dos personas en el año 2000 tras haber sido declarados culpables de secuestro.