Honduras registra un aumento significativo de violencia en contra de las mujeres en el contexto del covid-19. En lo que va de este año se registran más de 40 mil casos de agresión, alcanzando el mayor número de denuncias de abril (casi diez mil), según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).
El UNFPA registra datos de la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer y de la línea de atención del Sistema Nacional de Emergencias 911.
De acuerdo con el 911, son más de 40 mil llamadas que han recibido de mujeres que son agredidas por sus parejas.
El subdirector del Sistema, Juan Carlos Degrandez, indicó que la mayoría de denuncias están tipificadas como violencia de género, seguidas por casos de violencia intrafamiliar
Degrandez indicó que en coordinación institucional se logra avanzar en el proceso de judicialización de las denuncias.
La Fiscalía Especial de Protección a la Mujer reportó que entre el 17 de marzo y el 31 de mayo, se recibieron mil 259 denuncias de violencia contra las mujeres a nivel nacional, indicó el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Puede leer: “La sociedad permite y tolera la violencia contra las mujeres”, Merly Eguigure
Desde que se inició la pandemia de covid-19, cada hora una mujer es violentada en Honduras, según datos del sistema telefónico de atención a las víctimas 911, detalla el UNFPA.
"La pandemia de la covid-19 ha significado una importante amenaza a la salud pública a nivel global, por lo que, los países se han visto en la obligación de implementar medidas de restricción de movilidad que han tenido consecuencias directas en la protección de las mujeres, adolescentes y niñas que sufren violencia de género dentro de sus hogares", señaló el organismo.
"El confinamiento aumenta la exposición de las mujeres y las niñas frente a sus agresores, además de limitar su movilidad para pedir ayuda o huir", agregó.
Le puede interesar: ¡Insólito! Denuncian el arresto de anciana que intentaba vender en una acera
De igual forma, "la pérdida del trabajo, la disminución de los ingresos o la imposibilidad de adquirirlos, incrementan la dependencia económica que constituye una barrera más para denunciar la violencia, generando mayores tensiones en el entorno compartido con el agresor", manifestó el Fondo.
