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Mediante un operativo policial llevado a cabo esta semana, Murillo impuso como nuevo presidente del Poder Judicial a Marvin Aguilar y expulsó de su oficina a quien se venía desempeñando en el cargo, Alba Luz Ramos, así como a la magistrada Yadira Centeno.
Varias patrullas entraron el martes a los edificios de esa institución y, en días distintos, sacaron de sus oficinas a las magistradas Ramos y Centeno, quienes fueron enviadas a sus casas.
La magistrada Centeno regresó poco después a su oficina, pero la presidenta de la Corte, Alba Luz Ramos, se mantiene en su vivienda bajo vigilancia de patrullas de la Policía, relataron las fuentes.
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Murillo está asumiendo el manejo del Poder Judicial, como ya lo hace con otras dependencias y ministerios, entre ellos el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde ella redacta y aprueba las notas oficiales y hasta los discursos del canciller Denis Moncada.
Medios locales y regionales señalan que Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, se autoproclamó nueva jefa de la Corte Suprema.
El régimen liderado por Daniel Ortega ha optado por mantener silencio oficial en lo que respecta a esta sorprendente intervención policial que se puso en marcha el pasado 21 de octubre.
Reforma del Parlamento
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó el martes pasado una reforma a la Constitución Política en la que le quitan facultades a la Corte Suprema de Justicia sobre los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
Con la reforma constitucional, aprobada por el Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, "se desvincula a los Registros Públicos de la administración de justicia a cargo del Poder Judicial", informó el Legislativo nicaragüense en una declaración.
Ese poder del Estado indicó, además, que el Legislativo aprobó la Ley de Adscripción del Sistema de Registros, con el que los Registros Públicos pasan bajo la administración de la Procuraduría General de la República, que actúa como representante legal del Estado.
La reforma constitucional y la nueva ley fueron aprobadas en momentos en que la Corte Suprema de Justicia se encuentra "intervenida" por la Policía Nacional.
Según el diario La Prensa de Nicaragua, la Policía Nacional ha detenido a "decenas de empleados del Poder Judicial, incluyendo su presidenta Alba Luz Ramos, quien fue desalojada de su oficina y enviada a su casa, donde permanece rodeada de patrullas policiales" y estaría bajo investigación.
Ni la Policía Nacional ni la Corte Suprema de Justicia se han referido a esas presuntas detenciones e investigaciones.
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