El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra la empresa venezolana de tecnología electoral Smartmatic y su matriz SGO, por presunto soborno y lavado de dinero relacionados con contratos obtenidos en Filipinas.
Smartmatic es la empresa que obtuvo, en Honduras, la adjudicación del sistema de identificación biométrica que se utilizará en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre de 2025.
Los reportes de medios estadounidenses señalan que la acusación involucra a exejecutivos de la compañía, quienes habrían participado en un esquema de pagos ilícitos a un funcionario electoral filipino para asegurar contratos millonarios de suministro de máquinas de votación.
Smartmatic sobornó a expresidenta del CNE en Venezuela: Fiscalía de EE. UU.
Entre los acusados figuran Roger Piñate, expresidente y cofundador de Smartmatic; Jorge Vásquez, ex vicepresidente de desarrollo de hardware; y Elie Moreno, exdirectivo a cargo de operaciones en Asia.
Según la Fiscalía estadounidense, los ejecutivos desviaron fondos a través de empresas fantasma y contratos falsos para ocultar los sobornos, estimados en más de un millón de dólares, a cambio de contratos superiores a 180 millones de dólares durante las elecciones nacionales de Filipinas en 2016.
Además, los fiscales incluyeron en la acusación referencias a presuntas irregularidades financieras relacionadas con un contrato de Smartmatic con el condado de Los Ángeles en 2019, aunque sin presentar cargos específicos sobre ese punto.
Una portavoz de la compañía calificó las acusaciones de "falsas y políticamente motivadas", asegurando que impugnarán los cargos ante los tribunales.
Smartmatic en el proceso electoral de Honduras
La empresa Smartmatic, de origen venezolano y con sede actual en el Reino Unido, fue adjudicada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras para implementar el sistema de identificación biométrica que se utilizará en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre de 2025.
El contrato incluye la actualización y soporte del sistema biométrico central, el sistema de gestión de identidad, la adquisición de licencias y hardware necesario para la verificación de huellas dactilares de los votantes, con una inversión total de más de 106 millones de lempiras.
El CNE ha destacado que el uso de la biometría busca garantizar la transparencia electoral y prevenir irregularidades como el voto múltiple, asegurando que cada ciudadano pueda emitir su sufragio únicamente en una junta receptora de votos.
