Un Tribunal de Apelaciones estadounidense autorizó este martes 23 de junio al Gobierno de Donald Trump a reanudar las deportaciones aceleradas en todo el país. En un principio, las autoridades reservaban este mecanismo solo para los migrantes detenidos al cruzar la frontera. Bajo esa norma, los agentes los expulsaban sin darles la oportunidad de presentar su caso ante un juez.
Los magistrados del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia resolvieron, en una votación de dos a uno, que la extensión de este proceso al resto del país no viola los derechos de los inmigrantes.
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El alcance de la "expulsión acelerada" en el territorio
Apenas asumió su segundo mandato, Trump ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) aplicar este procedimiento. La medida afecta a todos los extranjeros que no puedan demostrar una residencia continua de al menos dos años en el país. Además, la norma les priva de una audiencia frente a un juez de inmigración.
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Las autoridades aplican la deportación acelerada a indocumentados que detienen cerca de la frontera sur, a quienes suelen regresar a México a los pocos días. Sin embargo, la nueva orden de Trump permite que los agentes de ICE deporten a personas en zonas completamente alejadas de la franja fronteriza.
Argumentos divididos en la corte de apelaciones
Con respecto a la decisión judicial, el juez Justin R. Walker redactó la opinión mayoritaria, a la que se unió la jueza Neomi Rao. Trump nombró a ambos magistrados durante su gestión. "La cuestión no es si algunos funcionarios implementan mal una directriz; es si la propia política escrita es ilegal...", escribió Walker.
Por un lado, el fallo que supone una victoria para la agenda migratoria de la Casa Blanca, responde a una demanda de la organización Make the Road New York. Dicha entidad argumentaba que la orden violaba los derechos al debido proceso. Frente a esto, Walker opinó que la directriz presidencial no priva a los extranjeros de una oportunidad significativa para que las autoridades los escuchen.
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Por otro lado, el juez Robert L. Wilkins, a quien el expresidente Barack Obama nombró en su momento, manifestó su desacuerdo en un voto disidente. Wilkins señaló que el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no pudieron refutar un hecho grave. Al aplicar esta política, el Gobierno ya expulsó por error a varias personas que llevaban más de dos años viviendo en el país.
