Un correo electrónico bastó para encender la controversia. En él, el gobierno de Donald Trump informó que los menores migrantes de 14 años o más podrían recibir 2,500 dólares si aceptan el retorno voluntario a sus países.

La comunicación, enviada por la Administración para Familias y Niños, dependiente del Departamento de Salud, da apenas 24 horas para responder.

No se habla de castigos para quienes rechacen la oferta, pero sí de una compensación que se entregará tras la aprobación de un juez de inmigración y una vez que el menor llegue a su país de origen.

Incentivo o presión para menores migrantes

Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el objetivo del programa es “facilitar la reintegración” de los jóvenes que decidan volver.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que la iniciativa podría funcionar más como un mecanismo de presión que como una ayuda.

El problema, señalan, es que 2,500 dólares (alrededor de 65,500 lempiras) pueden representar una fortuna para adolescentes que migraron huyendo de la pobreza o la violencia. Y, analizan, podrían tomar decisiones sin comprender completamente los riesgos de regresar.

Retorno voluntario: entre la promesa y la incertidumbre

El retorno voluntario es un procedimiento legal que permite salir de Estados Unidos sin una orden de deportación formal.

Pero en este caso, el ofrecimiento genera más dudas que respuestas. Hasta ahora, ni el Departamento de Seguridad Nacional ni el de Salud aclaran los criterios de elegibilidad, el presupuesto total del programa ni las condiciones de entrega del dinero.

La falta de transparencia deja a los menores migrantes y a sus familias en una situación de incertidumbre.

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Activistas piden garantizar asesoría legal

Para la abogada Melissa Adamson, del Centro Nacional para la Ley Juvenil, el problema no es solo el dinero, sino la ausencia de acompañamiento legal.

“Para muchos adolescentes, 2,500 dólares es una cantidad significativa que puede nublar su capacidad para evaluar los riesgos de regresar frente a continuar su proceso legal en Estados Unidos”, advirtió.

Adamson recordó que todo menor migrante debería recibir asesoría independiente, sin presiones ni incentivos económicos que pongan en riesgo su seguridad o sus derechos.