El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha lanzado una nueva ofensiva en su lucha contra los inmigrantes indocumentados, enfocándose ahora en la revocación de la ciudadanía a aquellos que hayan cometido ciertos delitos, incluso si estos ocurrieron antes de obtener su estatus legal en el país.

Esta medida, que otorga mayor discrecionalidad a los fiscales federales para iniciar procedimientos de desnaturalización, está siendo vista como una escalada en la política migratoria que ya ha sido criticada por expertos en derechos civiles.

Según un memorando fechado el 11 de junio y firmado por el fiscal adjunto Brett A. Shumate, el Departamento de Justicia (DOJ) ha priorizado los casos de revocación de ciudadanía para personas que hayan cometido delitos graves, tales como crímenes violentos, fraudes financieros y violaciones a la seguridad nacional, independientemente de cuándo ocurrieron estos delitos.

La medida está generando preocupación, ya que podría afectar a cientos de miles de inmigrantes que obtuvieron su ciudadanía por naturalización, pero que más tarde incurrieron en delitos.

Una de las principales preocupaciones radica en que este procedimiento se realizará bajo litigios civiles, lo que significa que las personas afectadas no tendrán derecho a un abogado de oficio, y el umbral probatorio requerido será mucho menor que en un proceso penal.

Esto ha llevado a muchos defensores de los derechos humanos a alertar sobre los riesgos de abusos y errores judiciales.

El caso de Elliott Duke, un individuo condenado por distribución de material de abuso infantil antes de obtener su ciudadanía, ha sido citado como un ejemplo de esta nueva política.

Duke, quien ahora enfrenta la pérdida de su ciudadanía sin acceso a defensa legal, ha expresado su indignación, declarando que la revocación de su nacionalidad lo ha dejado en una situación de apatridia.

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Además de los crímenes graves, el DOJ también está enfocándose en casos donde la ciudadanía fue obtenida mediante fraude o el ocultamiento de información relevante durante el proceso de naturalización.

Sin embargo, expertos como la profesora Cassandra Robertson advierten que la amplitud de los criterios de desnaturalización podría resultar en un uso arbitrario de la medida, afectando a personas que hayan cometido delitos menores o incluso errores administrativos.

Aunque el gobierno sostiene que la medida es necesaria para proteger la integridad del sistema de naturalización y prevenir abusos, la controversia sobre su impacto sigue creciendo, especialmente porque se podrían generar "ciudadanos de segunda clase" y afectar a familias enteras si un miembro pierde su nacionalidad.

Esta ofensiva forma parte de una serie de medidas que Trump ha implementado durante su presidencia para endurecer las condiciones de inmigración, y podría marcar un cambio radical en cómo se gestionan los casos de naturalización en el futuro.

(Nota creada con ayuda de la IA e información de Infobae)

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