El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su rotundo rechazo a la decisión de una jueza federal que ordenó extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal.

La medida beneficia a más de 60 mil personas que viven y trabajan legalmente en el país bajo este programa migratorio.

La jueza Trina Thompson amplió este jueves el amparo migratorio, evitando así que expirara el próximo 5 de agosto para los nepaleses y el 8 de septiembre para los hondureños y nicaragüenses.

El fallo llegó como respuesta a una demanda presentada por migrantes protegidos por el TPS, quienes denunciaron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había cancelado el programa de manera arbitraria y por motivos de discriminación racial.

Ciudadanos exigiendo TPS en EE.UU.
Ciudadanos exigiendo TPS en EE.UU.

¿Qué dijo el DHS sobre la decisión de la jueza sobre el TPS?

Tras conocerse el fallo, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, emitió un duro comunicado en el que aseguró que la decisión de eliminar el TPS respondía al objetivo de “restaurar la integridad del sistema migratorio” y corregir lo que, a su juicio, ha sido una desviación del propósito original del programa.

“El TPS nunca se concibió como un sistema de asilo de facto, pero eso es precisamente en lo que se ha convertido”, afirmó McLaughlin, quien también cuestionó directamente a la jueza Thompson al decir que “es otro ejemplo de cómo algunos jueces utilizan la narrativa del racismo para desviar la atención de los hechos”.

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Gobierno de Trump apelará la decisión

La funcionaria adelantó que el DHS apelará el fallo y continuará la batalla legal en cortes superiores.

Bajo la Administración Trump, se canceló el TPS a cientos de miles de inmigrantes, incluidos más de 500 mil haitianos, 350 mil venezolanos y unos 160 mil ucranianos.

Actualmente, el TPS protege a cerca de 51 mil hondureños, casi 3 mil nicaragüenses y 7 mil ciudadanos de Nepal, muchos de los cuales residen en Estados Unidos desde hace más de dos décadas.

Los beneficiarios del TPS podrán seguir viviendo y trabajando legalmente en el país mientras continúa el proceso legal, aunque el futuro del programa seguirá siendo incierto.

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