Una orden de deportación que debía cumplirse en 2022 se convirtió en una deuda de 668,390.95 dólares (más de 17 millones de lempiras) para una hondureña que permaneció en Estados Unidos durante más de tres años, pese a las advertencias de las autoridades migratorias.
La sanción no llegó de golpe, se acumuló a razón de 998 dólares diarios, hasta convertirse en una obligación económica que la respalda una sentencia de un tribunal federal de Florida.
La protagonista es Kenia Elizabeth Vásquez Dubón, cuya permanencia en territorio estadounidense, después de recibir una orden definitiva de deportación, desencadenó un proceso judicial que ahora permite al Gobierno reclamar el pago.
La hondureña no solamente enfrenta una multa administrativa, un juez federal ya dictó una sentencia en su contra y ordenó que la deuda acumule intereses hasta su cancelación.
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La deportación de la hondureña que comenzó en 2022
La historia judicial comenzó el 22 de julio de 2022, cuando un juez de inmigración ordenó que Vásquez Dubón la deportaran a Honduras.
La resolución quedó firme el 23 de agosto de ese año, momento a partir del cual debía cumplir la disposición migratoria.
Sin embargo, según el Departamento de Justicia estadounidense, la mujer permaneció en el país y recibió varias advertencias sobre las consecuencias económicas de incumplir la orden.
Las autoridades le enviaron una notificación de intención de imponer una multa y posteriormente un requerimiento de pago.
El caso llegó a una corte federal cuando el Gobierno estadounidense presentó una demanda civil para exigir el cobro de la sanción.
El juez federal Ed Artau, del Distrito Sur de Florida, determinó que la hondureña incumplió deliberadamente la orden de deportación.
La sentencia la dictaron en rebeldía, un procedimiento utilizado cuando la parte demandada no responde a la acción judicial en los términos establecidos.
El fallo definitivo se firmó el 1 de octubre de 2026, en West Palm Beach, Florida.
Una multa de 998 dólares diarios que seguirá creciendo
La legislación migratoria estadounidense contempla sanciones económicas contra extranjeros que incumplen deliberadamente una orden definitiva de deportación.
En el caso de la hondureña, las autoridades calcularon una multa de 998 dólares por cada día de incumplimiento.
El monto reconocido judicialmente alcanzó 668,390.95 dólares, incluidos los intereses legales contabilizados hasta el 6 de febrero de 2026.
Pero la obligación no se detiene en esa cifra, suman intereses posteriores que se calculan diariamente, con capitalización anual, hasta que se complete el pago.
Esto significa que la cantidad finalmente exigible puede superar los 668 mil dólares inicialmente establecidos por el tribunal.
El Gobierno advierte sobre las consecuencias de ignorar una deportación
El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, defendió la sentencia y advirtió que las resoluciones de los tribunales migratorios deben cumplirse.
"Las órdenes de los tribunales de inmigración no son opcionales", afirmó el funcionario en el comunicado divulgado el 21 de octubre.
Según el fiscal, la hondureña recibió advertencias reiteradas sobre las consecuencias de permanecer en Estados Unidos después de que su orden de deportación quedara firme.
Para el Departamento de Justicia, la sentencia demuestra las consecuencias económicas que puede enfrentar una persona cuando un tribunal determina que incumplió deliberadamente una orden migratoria.
Sin embargo, el comunicado oficial no explica las razones personales que llevaron a Vásquez Dubón a permanecer en Estados Unidos.
Tampoco ofrece información sobre su situación familiar, sus ingresos o su capacidad económica para enfrentar una deuda de semejante magnitud.
¿Todos los hondureños con órdenes de deportación pueden recibir estas multas?
La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos autoriza sanciones civiles cuando una persona incumple deliberadamente una orden definitiva de deportación.
Eso no significa que todos los hondureños que se encuentran en situación migratoria irregular enfrenten automáticamente una deuda de miles de dólares.
La existencia de una orden definitiva, las circunstancias del incumplimiento y el procedimiento utilizado por las autoridades son elementos relevantes para aplicar estas sanciones.
El caso de la hondureña también demuestra la importancia de responder a las notificaciones oficiales y a las demandas judiciales.
La sentencia deja una consecuencia que va más allá de la orden migratoria original.
Dejó una obligación económica que permanece vigente y acumula intereses hasta que sea pague o modifique mediante los procedimientos legales correspondientes.
Para esta hondureña, la deportación que no se cumplió en 2022 terminó cuatro años después como una deuda judicial de más de 668 mil dólares, cuyo monto puede aumentar.
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